La Fiscalía de Alicante ha presentado una propuesta ante el Fiscal General del Estado para que al inicio de todas las investigaciones por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales se elabore un estudio exhaustivo y en profundidad del patrimonio que tienen los sospechosos, según la memoria que esta misma semana ha presentado Eduardo Torres-Dulce. La propuesta persigue que desde el inicio de las diligencias el juez disponga de herramientas para poder bloquear estos bienes y evitar que los investigados lo hagan desaparecer durante unas investigaciones que se pueden prolongar durante varios años. Fuentes de la Fiscalía alicantina precisaron que la propuesta va sobre todo dirigida al bloqueo de bienes inmuebles, como pisos y apartamentos, que habitualmente suelen estar ocultos a nombre de alguna empresa.
Habitualmente, estas investigaciones se hacen cuando la causa está ya muy avanzada y los sospechosos han tenido tiempo de deshacerse del patrimonio de manera que la Justicia no pueda encontrarlo. El objetivo es evitar que al final del proceso los imputados aparezcan como insolventes y sin posibilidad de que las arcas públicas puedan recuperar el dinero defraudado. Desde la Fiscalía se han quejado en numerosas ocasiones de la premura con la que llegan las denuncias de la Agencia Tributaria, normalmente cuando están a punto de prescribir los hechos denunciados. Se suele comenzar con la suficiente antelación pero se producen dilaciones en la tramitación del expediente administrativo que en muchos casos proceden del propio imputado que pone todo tipo de trabas a la hora de colaborar y facilitar la tarea de inspección, según las mismas fuentes. Esta circunstancia ya motivó que anteriormente se presentara una propuesta para ampliar de cinco a diez años el plazo establecido para que el delito prescribiera. El Gobierno se hizo eco de esta propuesta y aprobó una reforma en este sentido, pero los requisitos que se exigían para poder aplicarla eran tan estrictos que no llegó a ser efectiva.
La memoria de la Fiscalía de Alicante recoge un aumento del 36,8 por ciento de los delitos contra la Hacienda Pública en la provincia durante el año pasado al pasar de 19 a 26. De todos ellos, 17 se debieron a defraudación tributaria y otros nueve a la Seguridad Social.
Un juzgado de lo Penal de Orihuela acaba de condenar al empresario oriolano Ángel Fenoll a 35 años y seis meses de prisión por once delitos fiscales, que supusieron la evasión al fisco de 4,5 millones de euros durante los años 2003 y 2004 en concepto del IVA y el Impuesto de Sociedadescondenar Ángel Fenoll 35 años y seis meses de prisión once delitos fiscalesevasión 4,5 millones de euros , es decir, por hechos que ocurrieron hace diez años. Pese al tiempo transcurrido, el fallo no es firme y ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial.
Durante el año 2012, uno de los más intensos en investigaciones de fraude fiscal en la provincia, ya que los 34 casos de fraude abiertos sumaban cerca de 45 millones de euros. En uno de ellos había hasta ochenta empresas implicadas en una trama de blanqueo, que pudo enviar hasta veinte millones de euros a China. El temor de la Fiscalía es que cuando estas investigaciones terminen se encuentren con que los acusados ya no tienen ese patrimonio.
