El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aprovechó ayer su discurso de apertura del Año Judicial, ante el Rey Felipe VI, para reclamar más medios en la lucha contra la corrupción pública, política y financiera, ya que la respuesta judicial es «en exceso lenta y a veces desigual».
La corrupción fue una de las grandes cuestiones que la cúspide de la justicia española abordó en la primera apertura del año judicial que presidía Felipe VI como Rey. El acto institucional, como todo los años, contó con la asistencia de los responsables de las principales instituciones del Estado, como los presidentes del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, y, además de la alcaldesa de Madrid y del presidente de la Comunidad, por primera vez asistió también el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez.
El discurso del fiscal general del Estado fue crítico con algunas reformas judiciales del Gobierno y reivindicativo en la lucha contra la corrupción, ya que, además de la necesidad de disponer de más medios para combatirla, planteó la conveniencia de atajarla en su origen, en el uso y control de los fondos públicos de las instituciones, partidos y sindicatos.
Aunque lanzó el mensaje positivo de que «el frente judicial contra la corrupción empieza a rendir frutos», Torres-Dulce aseguró que la respuesta de la justicia sigue siendo «en exceso lenta y a veces desigual». Por ello, su lucha, dijo Torres-Dulce, exige «profundas reformas» en la Administración pública y en el sistema de control de los fondos públicos y del sistema financiero.
En su discurso, el fiscal general destacó que la corrupción pública «daña seriamente la imagen en la función pública y su erario», pero la corrupción política «mina la credibilidad del sistema democrático». También se referió a la corrupción privada, que en el terreno financiero «compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables». «Si el sistema judicial», afirmó, «no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente».
El fiscal general del Estado anunció la creación de unidades de investigación en las grandes fiscalías para agilizar la instrucción de los procesos judiciales, después de criticar que el Gobierno haya desistido de entregar la instrucción penal a los fiscales. Torres-Dulce defendió la reducción «razonable» del número de aforados y «una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado», así como la regulación adecuada de las medidas de investigación «limitativas» del derecho al secreto de las comunicaciones.
Los fiscales anticorrupción interpusieron en 2013 un total de 10 querellas o denuncias, presentaron 35 escritos de acusación frente a los 21 de 2012 y registraron 55 nuevos procedimientos penales, 14 más que el año anterior. Veinte de los nuevos casos denunciados estaban relacionados con entidades financieras, de ellos cinco relativos a las acciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja. El fiscal general ha subrayado el «satisfactorio grado de conformidad» de las sentencias pronunciadas en estos procesos con las acusaciones formuladas por la Fiscalía, ya que los 18 fallos registrados han sido condenatorios, total o parcialmente. La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Antonio Salinas, consta de 110 trabajadores entre fiscales, personal colaborador y de apoyo, medios que, según la memoria, son «insuficientes».
