Hasta veinte personas distintas ajenas al Catastro de Alicante trabajaban diariamente en los ordenadores de estas dependencias, según declararon ayer los testigos de un juicio por estafa en Xàbia que salpica a estas dependencias. Personal de ayuntamientos, de empresas colaboradores y de Suma usaban los equipos de estas oficinas con las claves y cuentas de usuario de los funcionarios que trabajaban allí. Los hechos se remontan al año 2000 y la investigación apunta a que los presuntos autores intelectuales de la estafa se valieron de personal del Catastro para ponerse a su nombre varias parcelas y venderlas. La mayoría de los implicados ha muerto y en el banquillo se sientan un funcionario, desde cuya cuenta de usuario se modificó uno de los expedientes, y un presunto cómplice de la estafa.

A preguntas del abogado de la defensa, Aitor Esteban Gallastegui, agentes del Cuerpo Nacional de Policía que declararon ayer acabaron admitiendo que no era posible determinar al 100% la identidad del funcionario que resolvió el cambio de titularidad de las parcelas, dado el trasiego que había en los ordenadores. El funcionario imputado niega cualquier implicación con los hechos y asegura que alguien debió usar su ordenador para hacer las modificaciones investigadas. La operación que se le imputa no acabó materializándose.

Desde la defensa se alertó que hubo otro cambio de titulares catastrales que culminó con la venta de la finca a otra empresa y en la que se identificó a la funcionaria desde cuya cuenta de usuario se tramitó el expediente. «Esta persona fue citada a declarar en su día como imputada, negó todo y el asunto se archivó para ella», aseguró. La Audiencia archivó el martes la causa para otros tres funcionarios más del Catastro, que estaban en el banquillo a instancias de las acusaciones particulares y que finalmente retiraron los cargos contra ellos el mismo día en que iba a comenzar el juicio.

Además de la intervención informática del funcionario imputado, también hay notas manuscritas en las que aparece el nombre de uno de los presuntos autores intelectuales de la estafa, ya fallecido. Para hoy está previsto que declaren dos peritos calígrafos, uno de la Policía y otro de la defensa, para determinar si se trata de la letra del acusado. El caso quedará hoy visto para sentencia.