La Audiencia Provincial de Alicante sentará en el banquillo a un oficial de la Policía Local de Petrer acusado de quedarse con dinero de las tasas por arrastre de vehículos al depósito municipal de la grúa. Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este diario, el funcionario se enfrenta a penas que suman seis años y seis meses de cárcel por delitos continuados de falsedad de documentos públicos y malversación de caudales públicos. El caso será juzgado por un jurado popular el próximo mes de noviembre.
Los hechos denunciados se habrían producido entre los meses de mayo de 2010 y enero de 2011. El fiscal acusa al agente de haber manipulado informáticamente hasta doce fichas de registro del depósito para hacer desaparecer toda constancia de la llegada de los vehículos a las dependencias donde estaba de oficial de servicio. Según el escrito de acusación, el acusado habría manipulado los estadillos de servicio para que los partes presentados coincidieran con las cantidades que entregaba en la Unidad Administrativa del Ayuntamiento. El objetivo, sostiene el fiscal, era poder quedarse dinero de las tasas de arrastre. Se calcula que en total pudo haberse apropiado de 1.175 euros mediante este sistema, en el que entraba en el sistema informático para borrar los registros.
Los ciudadanos se desplazaban al depósito y pagaban la tasa en efectivo para poder retirar su coche. Sin embargo, el dinero no llegaba a la Unidad Administrativa y a los pocos días la ficha del arrastre se daba de baja. La tasa por este concepto ascendía a 90 euros.
Aunque las fichas informáticas desaparecieron, los boletines de denuncia por el arrastre permanecieron y continuaron con su tramitación normal por la oficina de gestión tributaria de SUMA. El fiscal incide en que el acusado dio de baja las fichas de los vehículos con su contraseña sin justificar el motivo, ni ingresar el dinero de la tasa cobrada. En uno de los casos enjuiciados, un coche pasó dos meses en el depósito por los que el propietario tuvo que pagar 590 euros. Las tasas aparecían como pagadas, pero el dinero no llegó jamás a las arcas municipales.
El fiscal pide una pena cuatro años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental, así como una multa de 15 meses con cuota diaria de seis euros, un total de 2.700 euros; así como por el delito de malversación otros dos años de cárcel y suspensión de empleo público durante ese periodo, así como otra multa de 540 euros. El fiscal solicita también que el funcionario indemnice al Ayuntamiento con las cantidades desaparecidas.
