Enrique Ortiz indicó ayer a preguntas de este diario que está «contento y satisfecho» de la sentencia emitida por el juez de lo Penal número 3 de Alicante y añadió que espera que si tiene que ir a otros juicios estos sirvan «para poder demostrar que soy inocente». «Estoy contento. Confío plenamente en la Justicia para poder demostrar mi inocencia», subrayó. Sus pocas palabras al respecto por la prudencia que, considera, debe tener en este momento, fueron sucedidas de la coletilla «lo digo con toda humildad». Con su característico tono familiar y cierta templanza en su contestación, señaló que no puede hacer más que mostrarse «satisfecho» con el resultado.
Enrique Ortiz está imputado en tres de los procedimientos judiciales abiertos por presunta corrupción más importantes de los que sacuden la provincia de Alicante: los supuestos amaños en su favor en el Plan General de Alicante -donde también están imputados la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi-; la investigación abierta por el Plan Zonal de las basuras de Orihuela, y será citado presumiblemente a declarar como imputado por el juez Juan Carlos Cerón por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa. Estas tres causas vivas en los tribunales de Alicante y Orihuela son consecuencia del caso Brugal, una investigación que ha mantenido al empresario con el teléfono pinchado por la Policía a lo largo de tres años. También está imputado en el caso Gürtel por la presunta financiación irregular al PP.
Amigo de Castedo y uno de los empresarios con más suelo en municipios como Alicante o Benidorm, Ortiz aparece en las conversaciones de Brugal -parte de ellas incluidas en el Plan Rabasa- como un promotor adulador, inclinado como un girasol ante todos los políticos que tuvieran algo que ofrecer.
En su primera lucha contra los tribunales por un delito, en este caso menor, y a falta de una sentencia firme, Ortiz ha ganado, al menos, esta batalla.
