Tras haber respaldado el indulto para la mujer de Benejúzar que pegó fuego al violador de su hija, la Audiencia ha dicho ahora que no procede la aplicación de la medida de gracia. Una resolución que ha caído como un jarro de agua fría en el entorno de María del Carmen García al suponer un escollo para que el Gobierno pueda apoyar esta vez la tercera petición de indulto que se ha presentado para ella y que han solicitado más de una veintena de asociaciones de la provincia. más de una veintena de asociaciones
María del Carmen García está en la prisión de Fontcalent desde el pasado 8 de mayo para cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión por la muerte de Antonio Cosme el 13 de junio de 2005, el hombre que había violado a su hija cuando ésta tenía 13 años de edad. La Audiencia acordó el encarcelamiento de la mujer después de que el Gobierno denegara por segunda vez la petición de indulto que se solicitó con un amplio respaldo social.
Tras registrarse una tercera petición reclamando la medida de gracia, el Ministerio de Justicia elevó consulta al tribunal para que se pronunciara sobre la petición. La contestación ha sido del todo inesperada, porque esta misma sala ya se había mostrado favorable a un indulto de la mitad de la pena, hecho que en la práctica suponía que Mari Carmen no entraría en prisión.
Sin embargo, el tribunal dice ahora que han «variado las circunstancias» que en su día determinaron que emitieran un informe favorable, «pues no sólo le ha sido denegada esta medida de gracia en dos ocasiones anteriores, sino, además la penada siquiera ha hecho el mínimo esfuerzo por reparar el daño causado a la familia de la víctima, amén de encontrarse ya cumpliendo la pena impuesta en sentencia en firme». La Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, dice que su decisión se ha adoptado en consonancia con los informes emitidos por la Fiscalía, la acusación particular y la Junta de Tratamiento Penitenciario de Fontcalent.
La sentencia que condenó a María del Carmen García le obligaba a indemnizar con 140.000 euros a la familia del fallecidoindemnizar 140.000 euros . Las referencias en la resolución judicial a este dinero han indignado especialmente al entorno de Mari Carmen. En primer lugar, porque recientemente la familia llegó a un acuerdo con la Junta Penitenciaria para que del dinero que ésta recibe cada mes se retenga una cantidad fija destinado a ir pagando la indemnización. En segundo lugar, porque el violador no pagó los 18.000 euros con los que debía resarcir a Verónica Rodríguez por la agresión sexual, según la sentencia que se dictó en su día. Años después, la familia del violador fue condenada por un delito de alzamiento de bienes al simular la venta del piso de éste entre ellos meses antes de que se celebrara el juicio para evitar que pudiera ser embargada. Está pendiente que esta sentencia se ejecute.
Por su parte, el abogado de la defensa, Joaquín Galant, consideró inexplicable este cambio de postura de la Audiencia y rechazó los argumentos que se exponían para no apoyar la medida de gracia. «El hecho de que se haya denegado el indulto en dos ocasiones no significa que haya disminuido el clamor social de miles de personas que ya se han mostrado favorables a que se conceda el indulto», aseguró. Además recalcó que exigiría aclaraciones a la sala de por qué se dice que no se ha hecho nada para reparar el daño, cuando se ha cerrado un acuerdo con la Junta Penitenciaria para ir pagando en la medida de sus posibilidades. El letrado recalcó que la figura del indulto se creó precisamente para casos como éste. A su juicio, Mari Carmen es una enferma mental y su estancia en prisión puede agravar su trastorno, que fue causado precisamente a raíz de la violación de su hija. Galant recalcó que es una persona insolvente que vive de la pensión de su marido.
En la primera solicitud de indulto, la propia sala admitía que en este caso se daban circunstancias especiales que justificaban que a Mari Carmen se le indultara la mitad de la pena. Sin embargo el Ejecutivo pidió un nuevo informe a la sala del Tribunal Supremo que revisó el caso. Estos magistrados redujeron en su día la pena de nueve años y medio que impuso la Audiencia a Mari Carmen a cinco años y seis meses, al considerar que el trastorno mental «tuvo una especial trascendencia en la comisión de los hechos» y entendieron que la pena debería haberse atenuado todavía más. Al ser preguntados sobre el indulto, los jueces dijeron que ya se le había rebajado lo suficiente la sentencia, por lo que no respaldaron la solicitud.
El informe de la Audiencia ha sido un jarro de agua fría para la familia, aunque, tal como ha quedado patente en otras ocasiones este dictamen no es vinculante para el Consejo de Ministros.
