Un jurado popular juzgará a un agente del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante y a dos gestores inmobiliarios por una presunta trama de sobornos para la tramitación de certificados para extranjeros. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho. Entre los tres cobrarían dinero por agilizar los expedientes y los tramitaban sin necesidad de que estuvieran presentes los solicitantes, a pesar de que la Ley establece la presencia obligatoria de éstos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Se estima que el agente pudo haber grabado hasta 270 expedientes de manera irregular por los que habría cobrado 13.500 euros. La causa se ha recibido esta semana en la Audiencia de Alicante para ser juzgada por un jurado popular y ahora se deberá buscar una fecha para poder señalar la vista.
Además de los cinco años de cárcel, la Fiscalía pide para el agente otros diez años de inhabilitación para empleo público, así como una multa de veinte meses con una cuota diaria de seis euros. Por cada dos cuotas impagadas, tendría que pasar un día más de prisión en caso de ser condenado. El funcionario niega los hechos y se declara inocente de las acusaciones.
Los gestores inmobiliarios imputados, que operaban en las zonas de Orihuela y Torrevieja, ofrecían a clientes de otros países que iban a comprar viviendas en la provincia la posibilidad de obtener el Número de Identificación de Extranjero (NIE) de forma más rápida y sin necesidad de personarse en dependencia policial alguna, un servicio por el que cobraban 100 euros. La mitad de esta cantidad era para el agente, a quien le entregaban todos los documentos y datos del ciudadano extranjero. Una vez recibido el certificado, se remitía a la gestoría que hubiese encargado el trabajo.
El agente estaba encargado de tramitar los certificados del NIE en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Alicante. Para obtenerlos, era necesario que el ciudadano se presentase personalmente en las dependencias policiales para solicitarlo, rellenara un formulario y abonara una tasa de 9,18 euros. Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron durante el año 2011 hasta el 27 de marzo de 2012, fecha en que se produjeron las detenciones por la presunta trama. El policía habría expedido los certificados sin que el ciudadano extranjero se tuviese que presentar a cambio de 50 euros por cada uno, según el fiscal.
La Fiscalía señala que, durante el periodo investigado, el funcionario intervino en la elaboración de 2.180 certificados con normalidad y se estima que grabó irregularmente otros 270. El agente fue detenido en la propia Comisaría cuando llevaba en una mochila dos formularios de solicitud de NIE que le habría entregado la gestora acusada. En un registro en el domicilio particular del funcionario se encontraron un total de 9.550 euros escondidos en la funda de un arma y que supuestamente serían las ganancias obtenidas por la venta de sus servicios.
Otro de los gestores fue arrestado esa misma mañana después de que supuestamente hubiera recibido del agente un sobre con tres certificados del NIE, que éste le acababa de entregar en un bar frente a la Comisaría.
La Policía registró también el domicilio de la gestora inmobiliaria de Torrevieja, también acusada, donde se encontraron numerosos formularios para la solicitud del NIE. En el maletero del coche, había hasta 1.000 impresos de formularios para el pago de tasas que supuestamente le había entregado el agente.
Los hechos se descubrieron a raíz de la queja presentada por otra agente inmobiliaria, que se habría puesto en contacto con la Comisaría para alertar de las supuestas irregularidades. La investigación contó tanto con escuchas policiales, como con seguimientos a los implicados. La Fiscalía ha pedido una proyección de este vídeo al jurado cuando se celebre el juicio.
Asimismo se ha pedido la declaración de hasta quince de los ciudadanos extranjeros que requirieron los servicios de la gestoría para tramitar su NIE sin tener que venir a la Comisaría. La principal dificultad es que se trata de residentes extranjeros que ocasionalmente vienen a la provincia, por lo que la Audiencia todavía tiene que decidir si se considera una prueba indispensable que tengan que venir a declarar todos.
