¿Cuáles son las principales carencias de la Fiscalía?
En comparación con otras provincias, aparte de las instalaciones, que se van mejorando, las carencias fundamentalmente son que, para poder atender a las diferentes especialidades, requeriríamos de un mayor número de fiscales y de personal auxiliar. Cada vez que se nos atribuye una nueva función, debemos asumirla los que ya estamos.
Como delegado del Servicio de Protección de Víctimas de la Fiscalía, ¿cuál ha sido la situación más reconfortante y la más sangrante que se ha encontrado?
Empezaré por la buena. Lo mejor es cuando vemos que con nuestro trabajo, o poniéndonos en contacto con las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, hemos podido paliar los perjuicios de éstas. Los peores momentos son aquellos en los que, por razón del sistema y sin culpar a nadie concreto, éstas han sufrido más que por lo que deriva del hecho que padecieron. He visto situaciones esperpénticas.
¿Por ejemplo?...
Recuerdo un caso en el que en un Juzgado de lo Penal, cuando ni siquiera había biombos de separación, una señora víctima de un delito quiso declarar sin ser vista. Lo único que se le pudo ofrecer fue un folio con dos agujeros que se puso a modo de careta, para que no se le pudiera identificar el rostro. Los familiares de la persona que se estaba enjuiciando, que era acusado de un delito violento, perfectamente pudieron saber quien era. Declaró en esas condiciones a pesar de que me opuse. Felizmente, estas situaciones se van superando.
Hablando de víctimas, ¿qué se le puede decir a un afectado por la compra de cuotas participativas, por ejemplo, que sigue sin recuperar sus ahorros años después de comprar esos valores?
En la medida en que los asuntos estén en la vía penal, pues le diríamos que se intentará por todos los medios conseguir la indemnización que está reclamando. La Fiscalía General del Estado ya dijo que la Justicia no es completa con la simple sanción del delincuente. Es necesario que éste resarza a las víctimas del perjuicio producido.
¿Son diez años un plazo razonable para juzgar una estafa?
No. Debía ser en muchísimo menos tiempo.
¿Hay algo que se pueda hacer desde su responsabilidad de fiscal jefe para reducir ese tiempo?
Hay asuntos que son muy complejos. Sobre todo aquellos en los que hay múltiples perjudicados y hay que precisar el alcance de la indemnización que se deba otorgar para cada uno. Cuando también son muchas las personas investigadas habrá que determinar además hasta qué punto son cada una de ellas responsables penalmente o no. Para asuntos de ese tipo, debería haber juzgados especializados con los correspondientes fiscales especialistas, a lo que habría que añadir una Policía Judicial adscrita y una serie de expertos, como inspectores de Hacienda o economistas, que nos auxilien para la determinación de esas responsabilidades. De hecho, ya se está pensando en crear en algunas fiscalías importantes, como ésta, unas secciones de investigación, pero para ello es necesario poder contar con esos medios. Tenga en cuenta que cuando reclamamos medios, no es porque queramos trabajar menos, es porque queremos trabajar mejor.
¿Cuál es la principal carencia en atención a las víctimas que se ha encontrado?
La principal es que todavía coinciden en los pasillos con sus agresores. Si las víctimas se ponen en contacto con las Oficinas de Ayuda, con los juzgados o con la Fiscalía, se va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Pero a veces no lo saben o simplemente no se les ha informado y llegan al juicio y se encuentran con el acusado.
¿Qué lugar en su ranking de propiedades ocupa la lucha contra la corrupción?
La lucha contra la corrupción es importante. Dije en su día que sería bueno que los ciudadanos pudieran confiar en sus instituciones. Pero no debemos olvidar que, aún destacando esa importancia, para nosotros son unos asuntos más, a los que hay que dedicarles la atención que merecen, precisamente porque suelen ser asuntos complejos y que se alargan en el tiempo. Eso requeriría quizá poder disponer de más fiscales con dedicación, si no exclusiva, al menos preferente. Pero dicho esto, que la corrupción preocupa a la sociedad y hay que luchar contra ella, creo hay que incidir en que hay muchísimos asuntos, que aunque aparentemente tengan menor relevancia, a la persona a la que afectan son su problema y esa persona también necesita nuestra protección y la merece. Asuntos de esos hay decenas de miles cada año. Los asuntos que más me preocupan son aquellos en los que se puede producir la muerte de las personas. Por ejemplo, la violencia de género, el tráfico de drogas, la siniestralidad laboral y muy especialmente, por su número, la seguridad vial.
¿A qué atribuye que los juzgados de la provincia se estén tramitando más de un centenar de causas por corrupción, mientras en otras más grandes, como Valencia, el número de asuntos es considerablemente inferior?
No sé las razones. Me imagino que será por el número de denuncias que se reciben. Toda denuncia que llega la tenemos que investigar. Obviamente, no todo lo que se denuncia es delito. En cualquier caso hay que estudiarlo y luego tomar la decisión correspondiente.
¿Qué opina de quienes usan el aforamiento para dilatar sus procesos o elegir el órgano donde se instruyen o juzguen los asuntos en los que están implicados?
El aforamiento está previsto en la ley. Lo que me acaba de preguntar puede considerarse que es una estrategia de defensa. Mientras lo permita la ley, nosotros tendremos que aceptarlo. Lo lógico y lo ideal es que el juzgado que empieza a conocer de un asunto, lo termine, no que, después de la renuncia al escaño, otro juzgado muchas veces tenga que empezar desde cero. Pero es una posibilidad que permite la Ley y nosotros estamos para cumplirla y hacer que se cumpla.
Otras personas que han estado al frente de la Fiscalía, como Juan Carlos López Coig en Alicante, o Ricard Cabedo en la Fiscalía Superior de Valencia han sido permanentemente cuestionados por el PP por las investigaciones de corrupción, ¿con el relevo estas tiranteces ya son cosa del pasado?
Yo niego la mayor. A veces se nos pone etiquetas. Me gustaría que nos creyeran: trabajamos de acuerdo a las pruebas que vemos. Esas etiquetas nos las ponen desde fuera. He trabajado con López Coig y con Ricard Cabedo durante muchos años y me parecen unos magníficos profesionales. Cuando ha habido que acusar a una persona de un partido o de otro, lo han hecho. Y cuando han tenido que pedir el archivo de unos o de otros, también. La prueba de su valía es que el primero ahora se ha ido al Supremo y Ricard Cabedo, ya jubilado, goza de un gran prestigio.
Al hilo de la dimisión de Magdalena Álvarez esta semana de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones tras su imputación en el caso de los EREs, ¿cree que los políticos imputados deben dejar el cargo?
Es una decisión muy personal de ellos y de la confianza que puedan tener en cómo puede acabar su asunto.
¿La Justicia es igual para todos?
En principio, sí y debe de serlo. Lo que pasa es que a veces todos opinamos de la Justicia como si lo hiciéramos de fútbol y no es lo mismo. En el primer caso, están en juego los derechos de las personas y juzgar es muy difícil. Para poder tener una opinión fundada hay que conocer muy bien el asunto. Yo no me atrevo a opinar sobre casos que lleven otros compañeros.
¿Qué piensa del aforamiento exprés que se ha hecho al Rey?
Quizá la fórmula que se ha empleado no sea la más adecuada, pero es lógico que esté aforado. Hay muchas personas aforadas y eso no implica que no se le pueda juzgar, sino que, llegado el caso, le juzgue un determinado tribunal, el mismo que a diputados y senadores. Lo que me llama la atención es que se quejen del aforamiento algunos que también lo están.
¿Y del recurso de la Fiscalía contra el procesamiento de la hermana del Rey?
No conozco el asunto en profundidad. El juez tendrá sus razones, la Fiscalía ya mantuvo su postura y tiene sus argumentos para recurrir esa nueva imputación, que ya dejó sin efecto anteriormente la Audiencia Provincial de Palma. No es sólo la Fiscalía; también el abogado del Estado iba a recurrir esa decisión.
¿Tiene sentido plantear que sea el Ministerio Público quien asuma la instrucción de los procedimientos?
La instrucción por parte del fiscal de los procedimientos penales está instaurada en la mayoría de los países europeos desde hace tiempo. Si finalmente se nos atribuye, lo haremos. Si se nos mantiene como hasta ahora, seguiremos con el planteamiento que nos atribuye la ley. El anteproyecto ha sido muy criticado desde la Fiscalía, quizá porque no sea la mejor forma de atribuirnos la instrucción. Personalmente, puedo decir que si lo que se pretende es que los fiscales hagamos en seis meses lo que muchos juzgados de instrucción tardan años, siendo además muchos menos fiscales que jueces, desde luego eso está abocado al fracaso. No vale lo de aprobar la norma y ya pondremos los medios. Eso ya lo conocemos.
¿Las tasas judiciales han podido crear una Justicia de ricos y otra de pobres?
Las tasas judiciales en las cuantías que se han fijado no son buenas. Son elevadísimas, sobre todo en lo que se refiere a los recursos de apelación y de casación. No creo que ésa sea la forma de desatascar los juzgados. Otra cosa es que se pueda imponer una pequeña tasa, porque es un servicio público, a quien inicia un procedimiento; y si luego se le da la razón, que se le devuelva. Así evitaríamos denuncias y pleitos infundados y, sobre todo, recursos que se plantean sólo para ganar tiempo.
¿Es la cárcel la respuesta para los delitos relacionados con la seguridad vial?
No creo que sea la cárcel la solución, salvo en los casos más graves. Pero mientras no se vea mal socialmente el que una persona beba alcohol y seguidamente conduzca, seguirá habiendo muchas muertes en las carreteras. Muchas veces me planteo que en los medios de comunicación nunca ves anuncios que digan «no robe, no estafe o no mate», pero sí que oímos lo de «si bebes, no conduzcas». Puede parecer exagerado, pero estadística y potencialmente es más peligroso un conductor bebido que un ladrón con una navaja. Obviamente, se castiga más un robo con armas que lo otro. Es lógico. Pero hablo de peligro y de resultados lesivos.
En relación con la polémica que suscitó el indulto al kamikaze de Valencia o a la denegación a la mujer de Benejúzar, ¿cree que el Gobierno debería argumentar este tipo de medidas?
La Ley de Indulto, que es muy antigua, prevé que sea el Gobierno el que tenga esa facultad y no dice nada de que tenga que motivarlos. Es un derecho de gracia que la ley le otorga. Quien debe razonarlo son los tribunales en sus resoluciones y el ministerio fiscal en sus informes. Siempre prefiero que las cosas se razonen, pero no tiene obligación de hacerlo. En los casos concretos, yo me remito a lo que informaron mis compañeros.
