Primero fue a los registradores de la propiedad, gremio al que pertenece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como familiares del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Luego fue a los notarios, después a los secretarios judiciales y ahora el ministro anuncia que ha cerrado un acuerdo con los registradores mercantiles para que sean ellos los que se hagan cargo de la modernización de los registro civiles. El anuncio lo hizo Gallardón el martes y ayer las reacciones en los registros civiles de Alicante no se hacían esperar.
El juez del Registro Civil de Alicante Julio Calvet tildó ayer de «errónea» la decisión de Gallardón de «desjudicializar el Registro Civil, que desde finales del siglo XIX es dirigido por jueces y magistrados asistidos por secretarios judiciales, lo que supone una garantía absoluta para los ciudadanos». Añadió que otorgar estos servicios públicos a los registradores supone «perder este valor judicial».
Indicó que los actos civiles «son hoy absolutamente gratuitos y, lógicamente, cabe pensar que la privatización será abonada de alguna manera por el ciudadano, cuando hay actos como la defunción o el nacimiento que son inscribibles necesariamente, y someter a gravamen esta necesidad universal no resulta en absoluto deseable».
Por su parte, el secretario del Registro Civil número 1 de Alicante, Andrés Martínez, destacó que Gallardón «no ha parado de marear y no ha ha hecho nada más, pese a que en julio entra en vigor la Ley de Registros Civiles de 2011 y no se ha hecho nada, ni dotado de infraestructuras a los registros, ni se ha desarrollado un reglamento que entre al detalle de la ley , y aún no se sabe si, finalmente, serán los registradores o no los que lleven el Registro Civil, porque se nos ha mareado tanto con esto que aún no creo que esté claro». «Hay una gran inseguridad», dijo. Añadió que otorgar a los registradores un servicio que Gallardón asegura que será gratuito «no se lo cree nadie». «Privatización y gratis son dos palabras que chocan. El ciudadano terminará pagando por un lado o por otro, y yo no conozco ningún registrador que trabaje gratis», señaló el secretario judicial.
Gallardón explicó el pasado martes que la ley de 2011 aprobada con el PSOE, cuya entrada en vigor se preveía el 22 de julio, «se prorrogará en los próximos días debido a los problemas para que pudiese entrar en vigor ahora». Horas después, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles mostró su disconformidad con la medida por ser una «imposición» de Gallardón no sometida a consenso.
Desde UGT su delegado de Justicia en Alicante, Juan Pelegrín, quien indicó que los registradores «no se han convertido aún en una ONG» y que trámites como inscripciones de nacimientos o defunciones quizás sean gratis, pero no otros servicios como matrimonios, divorcios o expedientes de nacionalidad. «Lo que no puede ser es que supriman todos los registros, que hay uno por población, para dárselo a un sector que son unos 120 en toda España», precisó. Señaló que eso obligará a muchos ciudadanos a pagar y a acercarse a capitales de provincia aunque vivan lejos.
Huelga
Por su parte, el delegado de Justicia por CCOO, Jaime Martín de Hijas, reiteró su desacuerdo con la privatización y dijo que se está estudiando una huelga general en el sector. De momento hoy hay una protesta en los juzgados de Elche convocada por los sindicatos con representación en el sector.
