La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza el abuso del privilegio del aforamiento y advierte en un informe sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial que debe limitarse. El informe, que fue aprobado ayer por el TSJ, incide en la necesidad de concretar cuándo aparece y desaparece la condición de aforado de los diputados «para evitar indeseables dilaciones en los procesos». El TSJ tuvo que suspender en el último momento el juicio por la pieza de Fitur del caso Gürtel porque dimitieron poco antes del inicio de la vista las diputadas y ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. El fiscal Anticorrupción denunció que el movimiento de Such y Martínez constituía un «fraude de ley» para dilatar el juicio.
El TSJ lamenta en el informe que los aforamientos en España son excesivos. El documento precisa que más de 10.000 autoridades políticas, judiciales y fiscales están sujetas al aforamiento. El anteproyecto de ley aumenta el número de aforados. «Especialmente preocupante es que sean los estatutos de autonomía los que puedan determinar y multiplicar sin límite este tipo de privilegio que quizás en tiempos pasados fuera una garantía pero que hoy ha perdido gran parte de su sentido», recoge el documento. Los jueces destacan que el problema de fondo es que «se está convirtiendo en regla general lo que debía ser la excepción».
Resolver recursos
El informe denuncia que los «aforamientos muchas veces entorpecen y ralentizan los procedimientos» y se tramitan en tribunales que están concebidos para resolver recursos en vez de para instruir causas. «Los aforamientos pueden estar justificados en aquellos casos en los que afecten a altas instituciones del Estado o de las comunidades autónomas y, en todo caso, solo cuando se refieran a delitos cometidos en el ejercicio del cargo público que se desempeña».
Los magistrados consideran que «no tiene sentido el aforamiento por la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico o por el impago de pensiones».
En las últimas semanas se han producido múltiples cambios en las investigaciones por las dimisiones del exconseller Rafael Blasco; de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; y del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha vuelto a asumir todo el macroproceso del caso Blasco tras dos años de pesquisas en el TSJ. La investigación de fraude fiscal contra Alperi va a ser juzgada en Alicante y el TSJ está a punto de remitir a otro juzgado alicantino la causa abierta contra Castedo por el PGOU.
Por otro lado, el TSJ mostró ayer su apoyo a la supresión de los partidos judiciales que promueve el Gobierno, aunque considera que será necesario un pacto de Estado para que salga adelante. El Ejecutivo quiere acabar con la actual dispersión de juzgados en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la nueva ley, aunque los jueces entienden que un periodo tan corto no es realista. Los magistrados apuntan en el informe aprobado ayer que debe ser un objetivo a largo plazo.
