La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han asestado un duro golpe a una trama de nueve organizaciones que adulteraban el gasóleo bonificado para venderlo a gasolineras y transportistas, en una operación en la que, de momento, han sido detenidas más de 100 personas, seis de ellas en la provincia de Alicante. Fuentes de la investigación precisaron a Efe que en esta operación, iniciada ayer y cuyos detalles se darán a conocer hoy, se ha desarrollado en veintitrés provincias de once comunidades autónomas. Las detenciones en la provincia alicantina fueron realizadas a primera hora de la mañana de ayer en Elche (2), Ibi, Onil, Mutxamel y El Campello

Aún no se sabe el monto total del fraude a la Hacienda Pública que ha podido suponer esta actividad, aunque una de las cifras que se baraja es la de cerca de siete millones de euros, cantidad que algunas fuentes elevaron incluso hasta los 12 millones. Miles de consumidores se han visto afectados por la adulteración del combustible, con los daños que a la mecánica de los vehículos ha podido ocasionar. En muchos casos, esta actividad ilícita se ha cometido con la connivencia de gasolineras y algunos de los detenidos son empresarios relacionados con los hidrocarburos.

Unos 500 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera practicaron ayer decenas de registros en domicilios e inspecciones en gasolineras y en polígonos industriales donde se alteraba el combustible. En el caso de Alicante el fraude podría salpicar a media docena de gasolineras y una empresa que tiene depósitos de combustible.

Gasolineras de distintas empresas podrían estar implicadas en este fraude, que conlleva un gran riesgo para la mecánica de los automóviles al transformar gasóleos B y C, bonificados y usados en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo originario tipo A, empleado como combustible para coches y camiones. Además de cambiar el color del combustible, éste era engordado con otros hidrocarburos y sustancias, lo que aumentaba la cantidad de producto puesto a la venta y, en consecuencia, el beneficio obtenido por las redes.

El precio medio del gasóleo A esta semana es de 1,33 euros el litro, en tanto que el de los tipos B y C es de en torno a un euro y de 0,88 céntimos, respectivamente, por lo que la ganancia por esta actividad delictiva oscilaría entre un mínimo de 16,5 euros y un máximo de 27 euros por un depósito de un automóvil de entre 50 y 60 litros de capacidad.

Dado su precio más barato, miles de consumidores han repostado este combustible sin ser conscientes del peligro que entrañaba para sus vehículos, según las fuentes consultadas, que destacaron que en este fraude están implicadas organizaciones criminales que además de esta actividad, desarrollaban otras como el tráfico de drogas.

La investigación, que comenzó hace más de dos años y la dirige un juzgado de Toledo, ha determinado que nueve grupos se dedicaban a adulterar y comercializar el gasóleo, que se vendía en muchas gasolineras a un precio más barato que el habitual, precisaron las mismas fuentes, que quisieron dejar claro que estas bandas actuaban de forma independiente y no estaban lideradas por ningún cabecilla.

Más de 50 establecimientos que expenden combustible han sido inspeccionados en distintas provincias, entre ellas Madrid, Pontevedra, Toledo, Zamora, Almería, Cuenca, Murcia, Tarragona, Alicante, Castellón, Granada o Albacete. No es la primera vez que se lleva a cabo una redada de este tipo. Ya en 2009, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria arrestaron a 23 personas miembros de una organización por este mismo delito y que había defraudado a Hacienda más de 6,5 millones.

La operación, aún abierta, ha satisfecho al presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Javier Bru, quien dijo ayer a Efe que los empresarios son «los primeros interesados en que se depuren responsabilidades». «Aquel que no cumpla con la normativa debe quedar fuera de éste o cualquier de otro sector», afirmó. Desde la asociación alicantina prefirieron esperar a conocer más detalles de la operación antes de emitir una valoración.

Mientras, la asociación de consumidores Facua reclamó que las autoridades den a conocer el nombre de las gasolineras implicadas porque, según su portavoz, Rubén Sánchez, «se ha creado una sombra de sospecha sobre todo el sector en España». Si el usuario ha repostado en una de esas gasolineras, «habrá que valorar si el vehículo tiene que pasar por algún tipo de revisión» y, si realmente se ha producido ya la avería, el consumidor debe reclamar a la gasolinera la indemnización por daños y perjuicios que sea pertinente, concluyó Sánchez.