La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denunció ayer el gasto de 33 millones de euros en contratar vigilantes de seguridad para las cárceles del país y aseguró que si ese dinero se destinara a paliar la falta de funcionarios en las prisiones se podrían haber ofertado más de mil plazas, según señalan en un comunicado difundido ayer por el delegado de APFP en la prisión alicantina de Fontcalent.
APFP rechaza «esta privatización encubierta de un servicio público esencial como es la seguridad exterior en los centros penitenciarios» y asegura que supondrá una «pérdida de calidad, efectividad y rigor profesional» respecto al servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El sindicato teme que las empresas privadas acabarán pidiendo asumir más puestos en los centros penitenciarios y señala que el Gobierno pretende «favorecer a ciertas empresas privadas, próximas al Ejecutivo o a sus amigos, regalando parte del dinero que paga toda la sociedad».
En las prisiones se jubilan cada año más de 400 funcionarios y para 2014 solo han convocado 70 plazas, denuncia el sindicato.
