La Secretaría de Estado de Seguridad ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para la contratación de vigilantes de seguridad privada en el exterior de los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El contrato previsto para este año y 2015 tendrá un coste global de 33,3 millones de euros y se repartirá en cuatro lotes -divididos por zonas geográficas- para licitarlos a empresas diferentes. La Comunidad Valenciana ha sido incluida en un lote junto a Aragón, Baleares, Murcia y Navarra. El presupuesto de este lote es de 7,3 millones.
El acuerdo del Consejo de Ministros señala que la ejecución comenzará el próximo 22 de junio y recuerda que la experiencia piloto iniciada el pasado año supuso el empleo de 254 vigilantes en 21 cárceles, entre ellas la de Villena, donde realizaron tareas de vigilancia en puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
Los vigilantes ejercerán tareas desempeñadas ahora por la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos que supervisarán y controlarán la labor de este personal.
El Gobierno apostará por este modelo de seguridad privada en todas las prisiones para optimizar los recursos, destinar el mayor número posible de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a «funciones exclusivas de ellos», como traslado de internos o custodia de presos en hospitales o sedes judiciales. Además compensará la falta de agentes debido a la menor oferta de empleo público.
Según el Gobierno, este servicio conllevará la creación de 202 puestos de trabajo, «lo que supone más de 800 personas empleadas».
La decisión del Ministerio del Interior no ha sido bien recibida por las organizaciones que defienden los intereses de los agentes y funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Una de ellas es la Asociación Nueva Coproper (ANC), que representa a más de 500 guardias civiles de la provincia y considera que se trata de «privatizar la seguridad pública».
ANC asegura que hay «intereses económicos» detrás de estas contratas que se adjudicarán a empresas de seguridad privada. Asimismo, la asociación dice que esta decisión va en detrimento de los profesionales.
