¿Sigue siendo la carrera de Derecho una de las más demandadas de la UA?
Sí, solo por detrás de alguna ingeniería. Tradicionalmente, son de los estudios más solicitados en el panorama universitario español.
¿Por qué un nuevo grado en Derecho y Criminología?
Es un programa de estudios simultáneos de dos grados ya implantados que hacen una combinación capaz de crear, en solo un año más, un perfil profesional muy interesante, porque sales graduado en las dos carreras. La combinación es muy adecuada desde el punto de vista profesional y académico, porque ¿qué sabe un juez, o un fiscal, o un abogado de Medicina Forense, por ejemplo? Con estos conocimientos los profesionales podrán afrontar mejor sus investigaciones, casos o sentencias, tener unos criterios más completos. También se ha creado porque ambos estudios son muy demandados y se queda mucha gente fuera.
¿Y cubrirá esta doble titulación todas las plazas de los aspirantes que quedaron fuera?
No todas. En Criminología el último año se quedaron sin plaza unos 300 solicitantes, y en Derecho, que suele ofertar unas 300 plazas al año, se quedaron fuera unas 200 personas.
¿Cuándo comienza a impartirse y con qué plazas ?
En septiembre, con la puesta en marcha de 70 plazas. Se han hecho grandes esfuerzos para implantar una doble titulación. Si funciona bien, incluso la nota de corte podría ser de las más altas de la Universidad. Creo que hemos logrado posicionarnos mejor como universidad, es un grado único en la provincia de Alicante.
¿Cree que la nueva Ley de Acceso especializa y prepara mejor a los futuros juristas?
La Ley constituye una reivindicación de los colegios para especializar a los licenciados. En este sentido el máster obligatorio -que se realiza en colaboración con los colegios de Abogados y de Procuradores- viene a implantar esa especialización, que se completa con un examen que se realiza a nivel nacional.
¿Y no ha encontrado rechazo entre los alumnos, que ven cómo tienen que pagar obligatoriamente un máster para poder ejercer la profesión?
Rechazo, dicho así, no. Desde un punto de vista económico hay que tener en cuenta que es un máster muy económico, quizás, precisamente, porque es obligatorio. La horquilla media del precio de un máster en la Comunidad Valenciana oscila entre los 40 o 45 euros por crédito, mientras que en éste el crédito son 18 euros.
¿Tiene mejor justicia el que más paga?
Después de las últimas reformas, el acceso a la tutela judicial efectiva se ha hecho caro. Se hace depender del nivel económico que tenga cada uno el acceso a un derecho fundamental. Desde ese punto de vista sí tiene más justicia el que más paga. Es algo que ha provocado reacciones unánimes desde los distintos sectores jurídicos. La propia facultad de Derecho emitió un comunicado mostrándose en contra de la Ley de Tasas. Yo creo que deben existir unas tasas judiciales, pero que éstas no hagan depender el acceso a la Justicia de si tienes ese dinero o no.
Tenía prevista una pregunta sobre las tasas judiciales que ya ha contestado. Así que, volviendo al asunto, ¿cree que tiene mejor Justicia el que puede pagar más dinero a un abogado?
Yo no diría que tiene mejor defensa el que tiene más dinero para pagar un abogado, yo creo que el ejercicio profesional de la Abogacía no es proporcional al nivel de ingresos que obtenga ese profesional. Los turnos de oficio proporcionan servicios para gente con pocos recursos que no hacen pensar que se tiene mejor solución por poder pagar un abogado más caro. Aprovecho la pregunta para destacar la función determinante del turno de oficio con la gente con menos recursos.
¿Qué opina de las prácticas que utilizan los abogados que llevan procesos de corrupción que hacen los trámites interminables bajo posibilidades jurídicas perfectamente amparadas por el Derecho?
Más que una práctica es una posibilidad que ofrece la normativa aunque produzca ese atasco. Si no queremos que se dilaten este tipo de procesos, que es lo deseable, lo que habría que hacer es modificar las normas. Por ejemplo con los políticos aforados: ahora un tribunal y luego otro. Es una práctica amparada por el Derecho y el defecto está en la norma que lo permite. Si queremos agilidad en los casos de corrupción habrá que modificar las normas que la impiden.
¿Sería partidario entonces de cambiar la normativa para reducir los procedimientos por corrupción?
En una cuestión tan importante como la corrupción es fundamental tener una solución jurídica lo más rápida posible. Y es mejor para todas las partes. Tanto para la sociedad, que reclama una respuesta rápida y segura, como para el implicado, que tanto a efectos de demostrar su inocencia, como si no lo es, cuanto más rápido sea todo mejor, también porque se evita más tiempo de juicios paralelos.
Uno de los grandes males de la justicia es su lentitud, precisamente. ¿Cambiaría algo un mayor presupuesto para Justicia?
Por supuesto, todo va en función de la inversión tanto en medios humanos como materiales.
Los colegios de abogados y procuradores se han mostrado también en contra de la Ley de Servicios Profesionales ¿Cómo puede afectar esta ley al futuro de la profesión jurídica?
Desde la óptica de las facultades de Derecho siempre se ha dado una formación generalista que prepara para ejercer de abogado o procurador en función del colegio al que luego pertenezcas. Desde la Ley de Acceso a la Abogacía por primera vez se crea una vía de acceso distinta para ejercer de abogado o procurador: los abogados hacen el máster para ejercer como abogado y los procuradores el máster de Procura. ¿Qué pasa con la Ley de Servicios Profesionales? Que obliga a deshacer lo recién creado. De hecho, la primera promoción obligada a hacer el máster es esta que acaba ahora en junio y se tienen que matricular del máster en septiembre.
¿Quiere decir que ambas leyes son incompatibles?
Quiero decir que existe una incoherencia. Si ahora desaparecen las incompatibilidades entre abogado y procurador con la Ley de Servicios y unos pueden ejercer de otros, se queda sin sentido el acceso a las profesiones de abogado y procurador que se ha establecido en la Ley de Acceso a la Abogacía y que obligaría a replantearse de nuevo la forma de acceso a esta especialización, que es el máster obligatorio.
¿Servirá de algo la reforma integral de la Justicia que está haciendo Gallardón?
A nivel personal creo que hay una hipertrofia normativa en todos los temas relacionados con la Justicia que no están siendo aceptados de forma generalizada ni por la ciudadanía ni por los propios sectores implicados. Un pilar fundamental como es la Justicia requeriría de una planificación normativa tranquila, meditada, sosegada y acordada con los sectores implicados. No parece que en los últimos años ese haya sido el camino.
¿Considera necesaria la reforma del aborto de Gallardón?
Creo que lo más conveniente respecto a la actual Ley hubiera sido esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y actuar en consecuencia, tal y como se hizo con la Ley de 1983. En aquel momento la despenalización del aborto también fue objeto de debate y discusión y, sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, se llegó a una regulación que estuvo vigente durante 25 años. Opino que lo más acertado hubiera sido seguir un camino similar puesto que no creo que exista una presión social determinante que obligue a cambiar la Ley actual. No había necesidad de ese cambio. La Ley de plazos y supuestos no ha suscitado problemas relevantes de aplicación, por lo que jurídicamente no hacía falta cambiarla, y tampoco se demandaba un cambio desde el punto de vista social.
¿Cree que la Ley de la Justicia Universal, con la que estamos viendo a decenas de narcos saliendo de las cárceles, da sensación de impunidad ante los delitos de drogas?
La Justicia Universal exige un planteamiento de fondo muy meditado sobre principios jurídicos fundamentales que se pueden ver afectados, sobre principio de soberanía de los estados, la intervención del Derecho Penal a nivel internacional... La última reforma sobre la Justicia Universal sí entiendo que pueda dar sensación de impunidad o generar cierta alarma social, pero no es un tema que se pueda plantear solo desde el punto de vista de los efectos que produce. Aquí no solo está en juego si se dejan en la calle a diez o veinte narcotraficantes, sino que hay un planteamiento jurídico de fondo más amplio.
¿Y cree que hay sensación de impunidad en la sociedad española ante los políticos, bancos y cajas?
Esto lo podemos enlazar con la pregunta de antes, porque precisamente esa sensación de impunidad que puede percibir la sociedad se debe a esas dilaciones que señalaba. Estos asuntos suelen convertirse en procesos largos, sin una solución clara. Procesalmente, no son cuestiones con una rápida solución.
¿Debería la enseñanza obligatoria implantar alguna asignatura relacionada con los fundamentos básicos del Derecho? ¿No cree que existe una ignorancia general de la sociedad en asuntos legales?
Llama la atención que dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, la única disciplina en la que un alumno de enseñanza media no tiene ninguna formación es en Derecho, que es una herramienta para la resolución de conflictos que no solo ofrece una formación profesional especializada, sino una formación básica al individuo para desenvolverse en su vida diaria. Sí que sería interesante incluirla. También ayudaría a orientar a los alumnos que se decanten por las ciencias jurídicas sobre lo que se puede encontrar en la Universidad.
¿Es Derecho una carrera de arraigo familiar?
Los estudiantes eligen Derecho por vocación, por interés o por curiosidad y también los hay, claro está, por arraigo familiar.
