La investigación por el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda permanece estancada siete años después, con una instrucción muy cuestionada y con los principales sospechosos en libertad. Mientras el Ministerio del Interior daba ayer por esclarecido el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, el juzgado que investiga el crimen del primer edil polopino tiene sobre la mesa varias peticiones de sobreseimiento de algunos de los acusados que alegan la falta de pruebas para llevarles al banquillo. «En algún momento se tendrá que mover ficha por parte del juzgado. Para archivar o para llevar a los acusados a juicio, pero no puede ser que la causa esté paralizada y no se avance ni en un sentido ni en el otro», se quejaba a este diario un letrado de las defensas. Una vez resueltas estas peticiones, falta por ver determinar si se piden nuevas diligencias o se emplaza a las acusaciones para presentar sus escritos de conclusiones y abrir juicio oral. Fuentes del caso señalaron que en el supuesto de que el asunto llegara a juicio se trataría de una vista para las que serían necesarias más de 40 jornadas al tener que interrogar a más de 300 personas.
Alejandro Ponsoda murió tiroteado a la entrada de su casa el 27 de octubre de 2007
. Desde el primer momento, la investigación apuntaba a que se trataba de un crimen por encargo. La polémica surgió casi dos años después cuando se supo que para la Guardia Civil el principal sospechoso de urdir el crimen era el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano y que fue detenido a finales de noviembre de 2009. Los otros sospechosos de la autoría intelectual del asesinato son el empresario polopino Salvador Ros; el dueño y el gerente del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Por su parte, como presuntos autores materiales están imputados los súbditos checos Robert Franek y Radim Rakowski y el español, Raúl Montero Trevejo. Todos están en libertad provisional por estos hechos esperando juicio, salvo Montero que cumple una condena de seis años por un delito de tráfico y tenencia ilícita de armas que estará acabada en un año.
A los seis meses del crimen, desde Madrid se envió a una brigada de élite de la Guardia Civil para investigar el caso, la Unidad Central Operativa (UCO). La principal prueba es la declaración de un testigo protegido que trabajó como portero de seguridad en el citado club y a quien, según su versión, le encargaron el asesinato en primer lugar en uno de los reservados del club. Al no ponerse de acuerdo con el precio, éste puso en contacto a los conspiradores con los tres presuntos pistoleros para llevarlo a cabo. Todos los implicados han negado tajantemente estos hechos y los responsables del club aducen que el testigo protegido ni siquiera trabajaba allí en la fecha en la que dice que se celebró esa reunión.
Durante la larga investigación del asesinato, desde el juzgado se ha interrogado a casi todas las personas que pasaron por el club de alterne durante las fechas anteriores a la muerte de Ponsoda. Se ha enviado una comisión rogatoria a Chequia para interrogar a la camarera que supuestamente habría tenido que atender a los imputados en el reservado del local aquellos meses. Se ha interrogado hasta al pianista del local. Nadie ha corroborado la historia del confidente.
El juzgado de Instrucción dos de La Vila, que lleva la causa, llegó a archivar el proceso a los presuntos autores materiales del crimen por falta de pruebas. Pese a todas las investigaciones, no se había logrado encontrar ni las pistolas, ni restos biológicos que les vincularan. La investigación iba a continuar para los supuestos autores intelectuales para imputarles un delito de inducción al asesinato. La situación dio un vuelco al obligar la Audiencia a volver a imputar a los presuntos pistoleros.
El último varapalo que sufrió la investigación fue cuando un agente de la brigada Policía Judicial de La Vila Joiosa vino a declarar en l juzgado que ellos habían recurrido como confidente al testigo protegido pero que habían dejado de hacerlo porque no era persona fiable. El abogado Francisco González, que lleva una de las defensas, tiene previsto pedir la declaración de un agente de la Udyco de la Comisaría de Benidorm para interrogarle también sobre este extremo.
LA CLAVE
El sumario
Unas diligencias basadas en el relato de un testigo protegido
La declaración de un testigo protegido, exportero de seguridad del club de alterne Mesalina, es la principal prueba en la que se basa la investigación. Las defensas no han interrogado a este testigo aún y todo apunta a que lo harán cuando llegue el juicio.
