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Falsificadores

El fiscal pide 80 años a una red por sobornar a empleados del Consulado argelino

Dos de los 9 acusados trabajaban para el Gobierno argelino y están acusados de recibir dinero para evitar expulsiones de compatriotas

Agentes de la Guardia Civil salen de una de las viviendas registradas en la operación de 2007. CARRATALÁ

La Fiscalía ha solicitado penas que suman unos 80 años de prisión a nueve acusados de formar una trama argelina de falsificación de todo tipo de documentos que presuntamente captó a dos empleados del Consulado de Argelia en Alicante -que figuran entre los procesados- con el fin de evitar expulsiones de inmigrantes argelinos previo pago de dinero. La red de falsificadores fue desarticulada por la Guardia Civil en mayo de 2007, pero la causa aún se encuentra en fase de instrucción en un juzgado de Alicante y está pendiente de que las defensas de los implicados presenten su escrito de conclusiones para remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial con el fin de señalar el juicio.

Los dos acusados que trabajaban en el Consulado de Argelia y no eran funcionarios consulares son los que se enfrentan a la petición más alta de cárcel por delitos de cohecho, falsedad y contra los derechos de los trabajadores. El fiscal solicita 31 años de prisión a uno y 25 a otro, mientras que para el resto solicita penas de entre uno y nueve años de cárcel. Para los dos empleados del consulado la Fiscalía también solicita su inhabilitación para cargo público durante nueve años.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, uno de los cometidos de los dos trabajadores del Consulado de Argelia era identificar como ciudadanos argelinos a los indocumentados detenidos e ingresados en un centro de internamiento para ser expulsados de España. Dos de estos inmigrantes fueron trasladados desde Málaga en noviembre de 2006 con el fin de ser reconocidos como argelinos para ser expulsados, pero uno de los acusados no lo hizo a cambio de dinero, según la acusación pública. Lo mismo hizo con otro argelino que ya había sido expulsado en 2004 y regresó a España pese a tener prohibida la entrada. Fue apresado en Torremolinos y cuando lo presentaron en el Consulado de Argelia en Alicante para su reconocimiento el acusado no le identificó como argelino, por lo que fue puesto en libertad. En esta ocasión el trabajador recibió presuntamente un traje de caballero de 1.100 euros y mil euros en efectivo.

Pago de 500 euros

El otro trabajador del consulado está acusado también de no documentar como argelinos a al menos dos inmigrantes. Según la Fiscalía, en uno de los casos cobró 500 euros y en otro era conocido suyo. La Guardia Civil intervino a este trabajador en su domicilio gran cantidad de documentos falsificados para «valorarlos como auténticos para la expedición de los documentos y la realización de los trámites que realizaba como funcionario del consulado», según recoge el escrito de acusación. Entre dicha documentación incautada había certificados de empadronamiento de varios ayuntamientos, pasaportes argelinos, partidas de nacimiento y cartas de identidad de Argelia. Los agentes le intervinieron asimismo varios elementos y útiles susceptibles de ser empleados para la falsificación, como una solicitud de autorización de residencia en blanco y un sello recortado en el que pone «certificado del consulado argelino en Alicante».

Además de los dos procesados que trabajaban en el consulado, la mayor parte del resto de implicados, también de nacionalidad argelina, se dedicaban a la falsificación de documentos y otros han sido acusados de sobornar a los empleados contratados por el Gobierno argelino. Uno de ellos acordó pagar 2.000 euros a uno de los funcionarios por dos pasaportes y le entregó 200 euros como anticipo, según la Fiscalía.

A otro de los acusados, que mantenía contactos con los trabajadores del consulado, también le requisaron numerosos documentos falsos en su domicilio y se dedicaba a conseguir documentos con apariencia de ser auténticos para personas sin permiso de residencia en España o sin posibilidad de obtenerlo.

La misma actividad ilícita era el modo de vida de otro procesado que vivía en Alicante pese a tener orden de expulsión y «facilitaba a quien se lo solicitaba, por precio, documentos falsificados con apariencia de autenticidad».

En su domicilio de Alicante disponía, entre otro material incautado por la Guardia Civil, de documentos falsos y formatos de documentos españoles, franceses y argelinos, así como modelos de sellos de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, del Consulado de Argelia y de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante.

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