El juicio contra la presunta red de Vlad Costel, conocido como el padrino de la prostitución rumana, comenzó ayer en la Audiencia de Alicante sin ninguno de los principales acusados en el banquillo. Un total de dieciséis acusados en un proceso en el que están imputadas cerca de cuarenta de personas por la explotación sexual de mujeres en clubes de alterne de Alicante, Guardamar y Elche. Los supuestos cabecillas de la red, entre ellos el propio Vlad Costel, se encuentran encarcelados en Rumanía por delitos cometidos en aquel país y las autoridades rumanas se niegan a entregarlos a España.

Los hechos que se juzgan durante esta semana en la Audiencia, datan del año 2004 y hasta ahora la sala no ha podido celebrarlo por las dificultades para sentar a todos los acusados en el banquillo. Ante la negativa de las autoridades rumanas de entregar a estos acusados, el tribunal ha decidido declarar en rebeldía a todos los acusados que no están a su disposición y celebrar el juicio para el resto. En este proceso, Costel se enfrenta a penas que suman 58 años de prisión los delitos de asociación ilícita, prostitución de mayores y menores de edad y falsificación en documento oficial. La sala ha señalado para la próxima semana el otro juicio que tiene pendiente a la organización de Costel, en esta ocasión por seguir controlando su red de prostitución desde prisión. Sólo uno de los acusados juzgados desde ayer venía detenido, pero por otras causas diferentes a ésta.

La Fiscalía empezó planteando a los acusados una propuesta de conformidad, dado que la mayoría de los acusados eran colaboradores con un papel secundario dentro de la organización. No todos estaban de acuerdo con la oferta del fiscal, pero alguno sí estaba de acuerdo en cerrar el acuerdo y será hoy cuando se pronuncien al respecto todos los acusados. Algunos letrados volvieron a aprovechar para pedir la suspensión. Una de ellas porque fue designada hace menos de una semana y aún no había podido estudiar la causa; y otro alegó, entre otros aspectos, que la ausencia de los otros acusados limitaba el derecho de defensa.

La investigación se basa en la denuncia de ocho menores de edad y cuatro mujeres mayores que denunciaron que estaban siendo explotadas sexualmente por la red, muchas de ellas declararán como testigos protegidas, aunque algunas están también en paradero desconocido. El fiscal considera que los acusados formaban parte de un grupo organizado cuyo principal objetivo era traer mujeres a España para ejercer la prostitución en explotación permanente. Unos se encargaban de llevar a las chicas a los clubs, otros de recaudar el dinero y entre ellas había algunas que se dedicaban a controlar a las demás. Para quebrar su voluntad había una persona que se encargaba de violarlas en caso de no plegarse a lo que dictaba la organización. Entre los acusados están los responsables de los clubs de alterne en el que trabajaban las chicas, ya que el ministerio público considera que conocían las circunstancias en las que se encontraban las mujeres.