Un juzgado de lo Penal de Benidorm ha absuelto a los responsables de un camping ilegal en Finestrat de la muerte de dos turistas en octubre de 2010, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El juez entiende que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia del que no fueron responsables los tres acusados, que apenas llevaban tres meses al frente de un complejo que funcionaba sin ningún tipo de licencia, ni seguro desde hacía diez años. «La explotación del complejo era una especie de lugar sin leyes y sin seguridad», dice el juez en la sentencia.

Los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2010 en el camping La Sonrisa de Finestrat donde aparecieron los cadáveres de dos turistas holandeses de 72 y 73 años en el apartamento que habían alquilado durante una semana. La investigación reveló que el matrimonio falleció por una intoxicación de monóxido de carbono. Una avería en la bombona de gas propano de la nevera del apartamento, unido a una mala ventilación del habitáculo provocó el trágico desenlace. El camping, que constaba de zona de acampada y de zona de apartamentos, carecía de certificado alguno de agua, electricidad y gas.

La sentencia apunta a que los propietarios iniciales del complejo deberían haber sido imputados, cuando ni siquiera se les llegó a tomar declaración en toda la instrucción. También expresa su sorpresa por la pasividad del Ayuntamiento que conocía que el complejo funcionaba sin licencia, ya que éste mismo se la denegó, y no hizo nada hasta que se produjo la muerte de los dos turistas, clausurando las instalaciones. La Fiscalía pedía tres años de prisión para los responsables actuales de las instalaciones y está estudiando si recurre el fallo ante la Audiencia Provincial.

Los acusados habían formalizado la compra de las camping por 1,5 millones de euros a sus anteriores propietarios en julio de 2010. El fallo señala que en la fecha en que ocurrieron los hechos, éstos estaban empezando a trabajar en el complejo para ir tomando las riendas del negocio y el traspaso de la propiedad todavía no se había formalizado. Según el juez, los acusados no podían conocer la situación de ilegalidad de las instalaciones «pues ya se encargaron los vendedores iniciales de poner a buen recaudo esta información que habría llevado a la frustración de la operación de compraventa».