La magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha obligado a la Generalitat Valenciana a devolver con carácter íntegro a once funcionarios de Justicia de la Comunidad la paga extra retirada en 2012 a los trabajadores mediante reales decretos como medida de ajuste presupuestario y llevada a cabo por la Conselleria de Hacienda.
La demanda fue presentada por el sindicato CSI-F, a quien ayer fue notificada la sentencia, que obliga a resarcir a los trabajadores de forma individualizada con la paga extra de diciembre de 2012 al no considerarse su impago ajustado a Derecho.
La sentencia da la razón a los argumentos defendidos entonces por el sindicato, que alegó que los funcionarios de Justicia tienen regulada la percepción de las pagas extras en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la cual, por cuestiones de jerarquía normativa, no podía ser modificada mediante un RDL.
La citada LOPJ no fue modificada hasta finales de Diciembre de aquel año, cuando el derecho a su cobro estaba plenamente devengado, según explicó ayer el portavoz de Justicia en Alicante de CSI-F, Alejandro Vicedo, quien añadió que la organización sindical está estudiando con sus abogados extender el resultado del fallo a la totalidad de los funcionarios de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El fallo, contra el que no cabe recurso, «reconoce como situación jurídica individualizada el derecho de los funcionarios a la percepción íntegra de la paga extraordinaria de diciembre de 2012».
Según explicó ayer Alejandro Vicedo, la gran novedad de esta sentencia es la obligación de devolver la paga de forma íntegra. Añadió que solamente se han emitido sentencias similares en España en Sevilla y Girona. La de Sevilla fue, en noviembre de 2013, la primera sentencia en España que obligaba a devolver con carácter íntegro la paga extraordinario a un funcionario.
Por otro lado, el mismo juzgado que ha sentenciado la devolución de la paga a los funcionarios de Justicia de la Comunidad adscritos a CSI-F que reclamaron, ha reconocido también el derecho de los funcionarios de la Generalitat a percibir la paga extraordinaria de diciembre de 2012 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio. El fallo reconoce el derecho a la paga correspondiente a 44 días, según indicó Intersindical en un comunicado, que coordina los recursos de 800 personas a las que se denegó el cobro de la extra de diciembre de 2012 por el Real Decreto ley 20/2012 del Gobierno.
El fallo se basa en el principio general del derecho de no retroactividad de las normas, a no ser que expresamente se dicte lo contrario, por lo que al ser publicada la norma el 15 de julio la Administración debe hacerla efectiva en el periodo correspondiente. La resolución afecta a personal de Administración de la Generalitat, Educación y Sanidad.
40 millones de euros
Intersindical pide a la Generalitat que no obstaculice el cobro de los 44 días reconocidos a todo el personal en activo en 2012, unas 120.000 personas, y estima que supondrá una coste de 40 millones de euros.
