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La cúpula de Aqualandia niega operaciones ficticias en la gestión del parque

Los acusados vinculan el contrato denunciado por los querellantes con las negociaciones que culminaron en la compra de Terra Mítica. La mercantil pagó 60.000 euros al mes a la sociedad que gestionaba las instalaciones

El propietario de Aqualandia abandona ayer la Audiencia junto a uno de sus hijos tras el juicio. HÉCTOR FUENTES

La cúpula del parque temático Aqualandia de Benidorm se sentó ayer en el banquillo en la Audiencia de Alicante tras una querella presentada por un grupo de accionistas por presuntas irregularidades en la gestión del complejo. Los denunciantes, entre los que se encuentra el empresario Alfonso Murcia Puchades, les acusan de haber estado desviando fondos de la sociedad a otra empresa sin responder a ningún servicio real, cantidades que llegaron hasta los cinco millones de euros. Los querellantes les imputan los delitos de administración desleal y apropiación indebida, mientras que la Fiscalía no ve delito en los hechos denunciados. Los acusados negaron ayer todas las irregularidades y defendieron el acuerdo que cedía a Maybe la gestión del parque, alegando que no sólo incrementó los beneficios y la recaudación sino que se sentaron las bases que permitieron años después que Aqualandia se hiciera con Terra Mítica.

En el banquillo se sientan el presidente del consejo de administración de Aqualandia España, Georges Pierre Santa María, sus dos hijos, Frank Olivier y Cristopher Georges Santamaría; así como el notario benidormense Antonio Magraner, que fue vicepresidente y el empresario Tomás Velasco.

El acuerdo por el que se cedía la gestión de Aqualandia a Mayve, en la que los acusados también eran miembros del consejo de Administración, se firmó en el año 2002, un contrato por el que la segunda mercantil recibiría 60.000 euros mensuales. El presidente de Aqualandia defendió el acuerdo y señaló que acudió a profesionales de solvencia. «Los beneficios subieron hasta un 48 por ciento y la recaudación un 20», aseguró. El empresario aseguró que desconocía los pormenores de la gestión y que dejaba hacer las cosas del día a día a sus empleados porque las cifras eran buenas y tenía plena confianza en ellos, que le consultaban las grandes decisiones.

Todos coincidieron en señalar que no recibieron compensación ni dinero alguno por sus cargos en el consejo de Mayve Aqualandia. Los dos hijos de Santa María coincidieron en señalar que era su padre quien tomaba las decisiones finales y que tenían firmado un poder por el que le cedían su voto.

Venta de acciones

Las acusaciones sostienen que estos servicios eran irreales y vinculan la operación con la compra del 40% de las acciones a Alfred Henri Marie Wilms. La operación se financió con un préstamo de la CAM, entidad en la que Magraner era consejero en aquella época.

Magraner aseguró que el crédito se concedió en condiciones de mercado y negó trato alguno de favor por su cargo en la caja. Mientras que desde las acusaciones se ponía el énfasis también en que las amortizaciones de los intereses coincidían con las trasferencias de dinero de Aqualandia, Magraner rechazó que los trabajos de Mayve para el parque temático fueran inexistentes. «Existía una gran preocupación por la competencia de Terra Mítica, que había iniciado una campaña muy seria y contaba con el apoyo de toda la maquinaria institucional», explicó.

El trabajo de los nuevos gestores consistió en diversificar riesgos y proyectar la internacionalización del negocio. Entre las gestiones realzadas citó las negociaciones durante tres años para la compra de Isla Mágica en Sevilla, que finalmente no fructificaron, así como también la adquisición de terrenos para complejos de ocio en El Caribe, como por ejemplo un proyecto en Punta Cana y otro para hacer pequeños parques en resorts turísticos de Barceló. Gracias a todas estas negociaciones y al trabajo, se logró cerrar finalmente la compra de Terra Mítica. Magraner explicó que antes de ellos era Wilms quien tenía la gestión del parque y el grupo Mayve pasó a asumirla en su lugar. Este grupo salió finalmente de Aqualandia en el año 2008.

Los acusados sostienen que no se informó de este asunto a la junta de accionistas en su día, tal como denuncian los querellantes, porque no se consideró relevante. Para Aqualandia, la querella es una medida de presión por parte de 0,64% de socios minoritarios que busca una compra de sus acciones a un precio desorbitado. El juicio continuará hoy con la declaración de los denunciantes y otros testigos.

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