Agentes del equipo de Delitos Contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Alicante han detenido en Murcia y Cartagena a tres hombres que presuntamente formaron un entramado financiero que habría estafado 3,5 millones de euros con pagarés fraudulentos a cinco sociedades mercantiles y dos entidades bancarias. La estafa fue descubierta a raíz de analizar la documentación intervenida en el registro de una vivienda de Beniel (Murcia) dentro de una operación en la que detuvieron en la provincia de Alicante y en Murcia a 24 personas de una banda acusada de robar 4 millones en 25 bancos de Portugal.

La investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, ha permitido constatar que los detenidos, a través de un entramado de sociedades mercantiles, presuntamente habrían estafado 3.500.000 euros mediante la emisión de pagarés fraudulentos, lo que se habría traducido en un déficit patrimonial de 6.500.000 euros.

La intervención de los investigadores ha permitido que, además de detener a los presuntos autores, los administradores que expidieron los pagarés fraudulentos tengan que responder con sus bienes particulares ante las demandas presentadas por las mercantiles perjudicadas.

Según la Guardia Civil, el grupo compraba empresas con cierto prestigio y solvencia omitiendo documentación necesaria para la formalización de la compra en el Registro Mercantil y Agencia Tributaria, así como en las entidades bancarias en las que las empresas tenían domiciliadas sus cuentas y a través de las cuales expedían los pagarés.

Adquirían pagarés en blanco y sin estar señalados en el Registro Aceptaciones Impagadas para cumplimentarlos, acompañándolos de facturas por servicios que, en la mayoría de ocasiones, nunca se llegaron a prestar, y que cumplían aparentemente todos los requisitos legales para su expedición a favor de empresas propiedad del entramado criminal. Posteriormente «endosaban» dichos pagarés a terceras empresas, que no estaban relacionadas con el grupo a fin de descontar deudas previamente contraídas con las mismas. Transcurrido el vencimiento de los pagarés, las empresas y entidades poseedoras de los derechos iniciaban el procedimiento de cobro de las deudas, momento en el que se percataban de que eran fraudulentos.