Nueve personas, entre ellas el exconcejal popular y conocido regatista Kiko Sánchez Luna, fueron detenidas ayer en Alicante acusadas de un presunto fraude fiscal del IVA de cerca de 700.000 euros con teléfonos de alta gama importados a través del puerto, según informaron a este diario fuentes cercanas al caso.
La operación, supervisada por el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, ha sido realizada de forma conjunta por la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además del exedil popular, en la operación fueron detenidos dos hermanos de Kiko Sánchez y su padre.
Tanto el exconcejal y medallista olímpico como otros arrestados en la operación estaba previsto que quedaran ayer en libertad provisional tras comparecer ante los investigadores del caso.
A los arrestados se les imputan delitos de fraude a Hacienda, blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles. El presunto fraude investigado por el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante fue cometido a través de un entramado que importaba teléfonos de alta gama a través del puerto alicantino. No ha trascendido si el fraude fiscal corresponde a varios ejercicios económicos o a un solo año.
El operativo realizado ayer por la Policía y la Guardia Civil incluyó también registros domiciliarios, sin que haya trascendido si se llevaron a cabo en empresas o viviendas particulares.
Tampoco se conoce por el momento si el dinero presuntamente defraudado corresponde únicamente a devoluciones indebidas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o a impagos.
Junto al exconcejal -conocido por su trayectoria como regatista olímpico- y sus tres familiares, fueron arrestadas también otras cinco personas presuntamente vinculadas al fraude investigado.
El exedil está acusado, por otro lado, por la Fiscalía Anticorrupción de formar una trama para el cobro de facturas municipales que terminaría beneficiando a una empresa en la que él y su hermano eran socios. Un juzgado investigó al regatista, entre otros, por la adjudicación, cobro y reparto del dinero municipal desembolsado por las obras de doce telecentros en la zona norte de Alicante, creados para que los vecinos tuvieran puntos de acceso a internet. Esta adjudicación presuntamente irregular llevó a Anticorrupción a pedir para el exedil cinco años y medios de cárcel.
Los hechos presuntamente delictivos protagonizados por Kiko Sánchez Luna le valieron las acusaciones de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, unos delitos por los que además se enfrenta a 22 años de inhabilitación para desempeñar cargo público. El juicio por estos hechos está pendiente de señalamiento tras la investigación practicada por el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.
Anticorrupción también reclama cinco años de prisión para un asesor municipal y dos años para el hermano de Sánchez Luna, que fue socio de la mercantil junto al exedil a la que finalmente llegarían el cincuenta por ciento de los beneficios obtenidos de la adjudicación de los telecentros, siempre según la acusación de la Fiscalía. En esta causa también están acusados tres empresarios.
