Un chalé construido en suelo rústico al amparo de una licencia para rehabilitar almacenes. La Audiencia sentó ayer en el banquillo a dos promotores de la presunta trama urbanística de Llíber tras una denuncia por estafa presentada por tres inversores británicos, que pensaban que estaban adquiriendo una vivienda. Los dos empresarios, que se enfrentan a una pena de tres años de cárcel por presunta estafa, defendieron la legalidad de la operación y que el proyecto contaba con todos los permisos municipales.

Mientras la causa principal sigue bloqueada en un juzgado de Dénia, con políticos y empresarios imputados, algunas denuncias presentadas a nivel particular por los afectados van llegando a juicio sólo con los promotores en el banquillo. Según las investigaciones de la Guardia Civil, hay cerca de 300 afectados que compraron viviendas en Llíber que levantadas en suelo rústico. Un centenar de afectados se agruparon en la Asociación Abusos Urbanísticos Llíber No y están personados en la causa principal a través de los abogados Bernardo del Rosal y Mónica Mas. El presunto cerebro de la trama, el promotor Miguel Muntaner, ha sido absuelto en otros juicios por hechos similares en otros municipios limítrofes de la Marina Alta.

El caso juzgado ayer fue una de las primeras denuncias presentadas por tres británicos que adquirieron un chalé en Llíber en el año 2003 por 235.000 euros. El abogado José Luis Campillo que representa a los afectados de este caso aseguró que ésta es una de las primeras denuncias que se presentaron, antes de que todos los perjudicados comenzaran a organizarse para presentar una denuncia conjunta. Sobre el papel, los afectados compraron al constructor la parcela, con una licencia para levantar un chalé y que edificaría éste empresario. Sin embargo, los afectados se encontraron con que la vivienda se encontraba en suelo rústico. Según declararon, como consecuencia de esta situación, ni pudieron conectarse a la red general de luz y agua, ni pueden vender la vivienda a otras personas y tuvieron problemas para que el banco les liberara el dinero de la hipoteca.

El presunto cerebro de la trama de Llíber, Miguel Muntaner, había adquirido meses antes la parcela a una vecina del municipio y éste se encargó de tramitar los permisos ante el consistorio. La licencia otorgada por el Ayuntamiento era para rehabilitar un almacén con zona habitable, una posibilidad que permitían las normas subsidiarias del municipio. «Se pueden rehabilitar siempre, el Ayuntamiento daba la licencia», aseguró Muntaner, Posteriormente vendió la parcela con la licencia al otro empresario acusado y ya no intervino más, según explicó. Por su parte, el constructor aseguró que adquirió el suelo con un proyecto hecho y con licencia obtenida y negó que estuviera en una zona no urbanizable. «No puede ser», aseguró. El acusado aseguró que él no se tenía que encargar de dar el alta de la luz y el agua y que las líneas llegaban justo a pie de parcela.