La Policía Nacional ha detenido a 214 personas de 40 empresas falsas que han defraudado 2,8 millones de euros en tres operaciones centralizadas en Cataluña pero con ramificaciones en varias comunidades, han explicado los responsables del operativo.
Las tres operaciones -Clásica, Jilaba y Gorila- se han desarrollado de manera independiente pero al mismo tiempo, durante todo el 2013 y parte de este año y continúan abiertas, por lo que no se descartan más detenciones, según el comisario provincial de Tarragona, Ramón Francisco Alguacil.
En total se han detectado más de 40 empresas o bien falsas o con una actividad muy baja pero que contrataban a un alto número de trabajadores que han formalizado 948 contratos ficticios.
Posteriormente, estos falsos trabajadores, la mayoría de nacionalidad extranjera, obtenían prestaciones y subvenciones de forma fraudulenta y renovaban o conseguían permisos de residencia.
Los detenidos están acusados de un delito de fraude y falsedad documental y, en el caso de los cabecillas, todos de nacionalidad española, se les acusa además de un delito contra los derechos de los trabajadores.
"Tienen una estructura de pirámide, en la base están los trabajadores, en medio las personas que los captan y que tienen relación con las comunidades extranjeras y, en la cúspide, están los cabecillas", ha precisado Carlos Blázquez, responsable policial de la operación Clásico.
Los trabajadores pagaban un fijo por contrato ficticio, que oscilaba entre 500 y 2.000 euros, o bien una cantidad fija inicial de unos 500 euros y posteriormente entregaban más dinero, ha añadido Blázquez.
Las empresas se caracterizaban por tener centros de trabajo itinerantes, como construcción, limpieza o jardinería o bien contratar un número muy alto de trabajadores por el tipo de actividad que realizan.
Clásico ha permitido desmantelar más de 10 empresas, radicadas sobre todo en Barcelona y Tarragona, que dieron de alta a 657 trabajadores ficticios, de los que 97 obtuvieron autorizaciones de residencia y trabajo y otros 114 se habrían beneficiado del cobro de prestaciones.
La policía ha detenido a 53 personas en Barcelona, 51 en Tarragona, 2 en Girona, 6 en Castellón, y una en Madrid, Cádiz, Valencia y Ribeira (A Coruña), que habrían defraudado 1.347.461 euros y obtenido, además, más de 547.000 euros en prestaciones en los once meses que estuvieron activas.
Por su parte, la operación Jilaba se centró en una pyme que no tenía actividad real desde marzo de 2011, y se averiguó que el responsable de la empresa acumulaba una deuda con la Seguridad Social por impago de cuotas sociales de casi 307.000 euros.
Además, el total del dinero percibido por los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones y subsidios ascendía a más de 70.000 euros y esta operación se ha saldado con 50 detenidos entre Tarragona (45), Vitoria (1), San Sebastián (2), Pamplona (1) y la localidad alicantina de Benidorm (1)
Finalmente, la operación Gorila, iniciada desde la comisaría de Tortosa (Tarragona) en febrero de 2013, descubrió un entramado de empresas, gestionadas por una asesoría fiscal de Tortosa, que realizaban contrataciones ficticias a extranjeros en situación irregular.
También contrataban a extranjeros con permiso de residencia y a españoles con la finalidad de que estos adquirieran derechos sobre prestaciones por desempleo y, de este modo, dieron de alta, presuntamente, de manera fraudulenta a 242 personas desde el 2010.
El entramado de empresas además de realizar falsas altas en la Seguridad Social, tenía una parte de actividad real en sociedades mercantiles y centros de trabajo distintos a los que estaban dados de alta los trabajadores para esquivar los pagos a la Seguridad Social.
En esta tercera operación se han arrestado a 48 personas de distintas nacionalidades, de las cuales 30 llegaron a obtener el permiso de residencia y 26 cobraron prestaciones indebidas y el fraude, entre cotizaciones impagadas y cobro indebido de prestaciones, asciende a 560.000 euros.
Juan Antonio Ferrando, jefe de la Inspección de Trabajo en Tarragona, ha subrayado la colaboración entre la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y los cuerpos policiales para neutralizar estas prácticas, que "van decreciendo".
Así, según los datos que ha aportado, en el 2012 se detectaron 1.200 bajas supuestamente fraudulentas en la Seguridad Social y en 2013, fueron 660 de un total de 159 investigaciones.
