La normativa por la que se rige la mediación está recogida en una ley de 2012 y desarrollada en algunos aspectos civiles y mercantiles por un Real Decreto publicado a finales de 2013, si bien luego el Colegio de Abogados de Alicante desarrolló su propio reglamento.

En el caso de la mediación intrajudicial -es decir, la que se lleva a cabo en asuntos ya judicializados- se impide al abogado que está al frente de un procedimiento ser el mediador en el mismo. Además, la mediación está sujeta a confidencialidad. La información entregada de forma verbal o escrita durante las sesiones -que suelen ser de cuatro a seis- no puede divulgarse por el mediador o por las partes o terceros ni ser utilizada como medio de prueba, salvo en los casos previsto en la ley.

Conocidas entidades financieras ahora fusionadas han recurrido a la mediación mercantil en Alicante por conflictos en el pago de facturas durante el proceso de fusión, según ha podido saber este diario. También empresas familiares -un sector tan desarrollado en la provincia- lo han hecho por problemas entre socios o conflictos de gestión. Firman acuerdos privados y el mediador no podrá ser llamado por las partes como testigo o perito en cualquier proceso de arbitraje o judicial que se realice sobre la materia objeto de mediación.

Sin embargo, hay letrados que no creen en estas fórmulas de acuerdo o que, directamente, consideran que les quitará trabajo.

El sistema de mediación se basa, en líneas generales, en un listado de prioridades a solucionar y las distintas propuestas aportadas por las partes.

El fin es llegar a un acuerdo y «seguir siendo amigos». «Las partes, en muchos casos, suelen seguir necesitándose mutuamente», destaca Alberto Díez, presidente de la comisión ejecutiva del Imicali. Asimismo, explica que la gran ventaja de la mediación es la continuidad de la relación entre las partes en conflicto.

Compensar las tasas

La mediación, hacia donde muchos despachos de la provincia se han reorientado, supone una alternativa no solo a la judicialización de problemas en los que puede alcanzarse un acuerdo, sino también para los propios letrados, que ven en ella una opción más ante la situación laboral. Clientes que dejan de recurrir a la Justicia por las tasas, la crisis que afecta al grueso de la población o los impagos no solamente de los clientes, sino también del turno de oficio por los servicios de justicia gratuita, son factores que han empujado a muchos a apostar por los servicios de mediación.