Dos crímenes de violencia de género juzgados por un jurado popular, en el que el veredicto del tribunal popular fue más severo de lo que reclamaba la Fiscalía. El ministerio público ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia las dos últimas condenas por crímenes de violencia machista dictadas en Alicante por un jurado para solicitar que se elimine la agravante de ensañamiento, según ha confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. En mayo, la Audiencia imponía 23 años de cárcel al hombre que mató de 13 puñaladas a su mujer en Alicante tras una discusión. Mientras que en julio, tras otro proceso con jurado, era condenado a más de 32 años de prisión el hombre que asesinó de nueve cuchilladas a su mujer en Mutxamel y después pegó fuego a la vivienda. En ambos casos, el jurado estimó en su veredicto que había existido ensañamiento. Una agravante que solicitaban las acusaciones particulares ejercidas por la familia de las víctimas, representadas en los juicios por los abogados Aitor Gallastegui y José Luis Sánchez Calvo, respectivamente. Esta semana ha sido especialmente problemática en violencia de género, donde se han producido hasta cinco muertes de mujeres asesinadas.

Aunque ambos fueron crímenes brutales, para la Fiscalía el ensañamiento no es esto. Para los fiscales, para que exista un ensañamiento es necesario que el asesino haya tratado de prolongar deliberadamente el sufrimiento de su víctima, llegando incluso a torturarla. A pesar de que en ambos casos, las víctimas presentaban un elevado número de puñaladas, para la Fiscalía esto no quiere decir necesariamente que el asesino se enseñara, ya que las cuchilladas se propinaron en un corto lapso de tiempo que indican que los acusados sólo querían acabar con la vida de su pareja, no torturarla. El criterio es que lo que se conoce como ensañamiento en el habla popular no es lo mismo cuando se trata de la agravante del Código Penal.

En los dos casos juzgados, el jurado entendió que los asesinos trataron de prolongar deliberadamente el sufrimiento a sus víctimas. En el primero de los crímenes juzgados, Ioana Elisabeta Toflea recibió hasta trece puñaladas en el pecho el 4 de junio de 2012 que le causaron la muerte de manera casi instantánea de manos de su marido, Lucien Manuel Cosma. El tribunal popular entendió que con este número de cuchilladas se le causó un sufrimiento innecesario. La agravante obligó a subir de 20 a 23 años la petición de condena.

Por su parte, Luis Javier Santamaría Villar asesinó de nueve puñaladas a su mujer, Mireia Roma, en Mutxamel el 12 de abril de 2011 y después pegó fuego al cadáver, iniciando un fuego que obligó a desalojar el inmueble. Se le impusieron 32 años de cárcel. El hecho de haber intentando hacer desaparecer el cadáver con el fuego fue la interpretación que hizo el jurado de que se aumentó el sufrimiento.