Cerca de un centenar de procuradores inscritos en el Colegio de Procuradores de Alicante participaron ayer en una concentración contra el Proyecto de Ley de servicios profesionales impulsado por el Ministerio de Economía para la liberalización de los colegios. Los procuradores de Alicante -que ayer protagonizaron su primera protesta pública tras hacerlo los de Elche- entienden que la medida les afecta de manera directa y les deja vacíos de contenido.

Con una pancarta en la que podía leerse «Por la calidad de la Justicia. No a la Ley de Servicios», los procuradores se hicieron eco de un manifiesto, que leyó su decano Enrique de la Cruz, contra el anteproyecto de Ley en el que el sector tildó la reforma prevista por De Guindos de «daño irreparable» para el sistema judicial español. A preguntas de este diario sobre si temen desaparecer, De la Cruz admitió que sí que temen por las 320 familias de los procuradores de la provincia.

Explicó que la Ley «vacía de contenido al procurador» al dejar de ser incompatibles las funciones de éste y letrado, pudiendo los abogados ser representantes de la dirección letrada y, a su vez, de los actos de comunicación. Esto supondría, según el decano, que el programa que actualmente permite las notificaciones judiciales al procurador, Lexnet, y que paga la propia procuraduría, desaparecía después de una inversión de 180 millones de euros en toda España, ya que habría que reformar el sistema de notificaciones para que éstas pudieran llegar directamente a los abogados con coste al ciudadano. «La consecuencia sería volver a hacer todas las notificaciones en papel como antiguamente, porque el servidor de Lexnet no puede cubrir a todos los abogados de España cuando actualmente hay 2.000 procuradores de Madrid que están fuera del sistema por falta de espacio en los servidores», indicó.

Exigió a Luis De Guindos la retirada del anteproyecto previo al trámite parlamentario y la necesidad de un debate «abierto, transparente y constructivo» con los diferentes sectores profesionales afectados. Recordó que en la provincia hay una deuda de un millón de euros a los procuradores del turno de oficio, que asciende a cuatro millones en toda la Comunidad.