Los grupos de la oposición rechazaron ayer en el pleno del Congreso la propuesta del PP para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que dibujará el nuevo mapa judicial español. Así lo expresaron durante el debate de dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra del grupo mixto, para pedir la retirada de la propuesta del PP de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial por considerar que supondrá «un alejamiento y un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos», además de «un mayor deterioro» de este servicio público.
El parlamentario socialista Gabriel Echávarri explicó que la propuesta del PP puede suponer la desaparición de todos los partidos judiciales, excepto los de las capitales de provincia, las audiencias provinciales y los juzgados de paz. La iniciativa implica que, de los 431 partidos judiciales existentes en la actualidad, 379 están en riesgo de desaparición, según Echávarri, quien destacó que «esto es grave para la prestación del servicio público de la Justicia, especialmente en el mundo rural».
Por su parte, la parlamentaria del grupo mixto María Olaia Fernández Dávila, del BNG, calificó de «injusta» la propuesta del Ejecutivo, que, a juicio, «empeorará» la Administración de Justicia y el acceso de los ciudadanos a ella.
En respuesta a ambos grupos, el diputado del PP José Miguel Castillo mostró su perplejidad por el cambio de opinión del PSOE, ya que cuando estaba en el Gobierno, reclamaba una modificación profunda del modelo, y, ahora, cuando está en la oposición, pide que no se haga nada, dijo. Castillo hizo un llamamiento a trabajar en un nuevo modelo en el que la flexibilidad y la optimización de los recursos existentes no pasen por la reducción de la planta judicial ni por la supresión de sedes judiciales. El diputado popular defendió una enmienda de sustitución, que no fue aceptada por los grupos proponentes, para que en la elaboración del proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial se tengan en cuenta especificidades geográficas, sociales, y económicas propias de las diferentes comunidades autónomas.
La portavoz de CiU Mercé Pigem expresó su oposición frontal a la propuesta del Gobierno encaminada a «entorpecer el acceso de la ciudadanía a la Justicia y a la tutela judicial efectiva». Desde IU, Gaspar Llamazares dijo que no compartía el contenido de esta iniciativa que cree diseñada para «controlar el poder judicial y recortar los medios del servicio público de la Justicia».
La líder de UPyD Rosa Díez censuró la política «confusa, errática y opaca» del Departamento de Justicia, a la vez que propuso un cambio en el mapa judicial, con una «visión nacional» pensando en el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en igualdad de condiciones en todo el país. El diputado del PNV Emilio Olabarria apostó por mantener los partidos judiciales existentes, al tiempo que ha reclamado una mejora de la planta judicial.
