Atónita se ha quedado María del Carmen García esta mañana tras conocer, a través de este diario, la decisión de la Fiscalía de Alicante de que entre en prisión. García, condenada a cinco años de cárcel por quemar al violador de su hija cuando era una niña de 13 años, se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de amparo presentado para su defensa, tras la decisión del Consejo de Ministros de denegar el indulto de la mitad de su pena (lo que le eximiría de volver a pisar la cárcel, donde ya estuvo un año). El abogado de García, Joaquín Galant, consideraba en dicho recurso "discriminatoria" y "arbitraria" la decisión del Consejo de Ministros.

De hecho, este indulto de la mitad de la pena contó con los informes favorables tanto de la acusación pública como del tribunal sentenciador, por lo que Galant no se explica este cambio de rumbo. "Siempre he tenido un concepto muy elevado de los fiscales, ya que defienden el interés público y son objetivos. Quizá hay una línea gubernamental que puede haber intervenido o algo. Yo no sé en este caso si el fiscal se habrá podido dejar llevar por algún tipo de presión de arriba. Lo que está claro es que es inexplicable dado su pronunciamiento en este tema y su posicionamiento. Porque, de hecho, es el único que razona. La sala lo concede y no había razonado el por qué. Pero él sí. Quizá alguien le puede haber dicho que el Gobierno está en una situación hoy en la que le crecen los enanos y 'este asunto vamos a taparlo'".

Galant señala que hoy mismo han presentado un documento a la Audiencia Provincial reiterando que se paralice la entrada en prisión de María del Carmen hasta que su pronuncie el Tribunal Supremo, volviendo a argumentar todas la razones por las que consideran que el Consejo de Ministros ha actuado de una manera discriminatoria. Este diario ya publicaba hoy que el letrado alude a la enfermedad mental que padece la mujer (que ya le supuso una atenuante en la sentencia condenatoria) y para apoyar más su argumentación recuerda el indulto concedido hace unos meses a un kamikaze condenado a 13 años de cárcel tras matar a un joven con el que colisionó al circular varios kilómetros en sentido contrario por la A-7. Un caso que, a diferencia del de Benejúzar, tenía los informes en contra del fiscal y del tribunal y cuya polémica se avivó tras desvelarse que el defensor del condenado pertenece al mismo despacho de abogados en el que trabaja un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. A este ministerio le corresponde informar acerca de los indultos sin que esté obligado a motivar su decisión. De hecho, ningún argumento se ha esgrimido para denegar la medida de gracia a María del Carmen, una mujer que en declaraciones a este diario aseguraba el pasado sábado que en realidad ella ya está en la cárcel desde que violaron a su hija y que si al final tiene que ingresar no hará falta que vayan a buscarla ya que se presentará ella misma.

Por su parte, María del Carmen García aseguraba hoy que a pesar de estos giros en su caso, sigue pensando que habrá algo de justicia para ella. "A mí no me da miedo entrar en la cárcel. Ya llevo 14 años metida en casa, y eso es igual a una prisión. Esto no es manera de vivir", señalaba. Lo que sí teme es dejar a su marido sólo, que padece cáncer. También le da miedo que empeore su propia salud, ya que está tratando de equilibrar su medicación para controlar los nervios que sufre desde la violación de su hija.