Un juez de Alicante está investigando un presunto fraude a la Agencia Tributaria que superaría los 6,5 millones de euros, intereses incluidos, al frente de cuyo operativo los investigadores sitúan al exdirector provincial de Costas Fernando Paton, imputado junto a otra decena personas por fraude fiscal. A todos ellos se les atribuye haber solicitado y obtenido la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de forma fraudulenta así como no haber abonado el Impuesto de Sociedades al que tenían que hacer frente según las operaciones inmobiliarias que están siendo investigadas. La presunta trama realizó, supuestamente, transacciones inmobiliarias de compraventa de pisos y fincas tanto en la ciudad de Alicante como en la provincia, así como en Valencia, utilizando para ellos testaferros a través de los cuales se solicitaba la devolución de un IVA al que no tenían derecho.
Según ha podido saber este diario, el fraude consistía en aparentar que con cada operación se soportaba un IVA que realmente no se generaba, pero sí se reclamaba para su devolución por parte del Estado, que lo reintegró aunque después se percató del fraude. La investigación ha detectado empresas pantalla así como un segundo tipo de fraude por el impago del Impuesto de Sociedades ya que, según los datos que Hacienda ha puesto en manos de la Justicia, los imputados no abonaban la parte correspondiente a los beneficios obtenidos en estas transacciones inmobiliarias.
El modus operandi de este grupo no es nuevo. De hecho, viene siendo utilizado, supuestamente, por otras presuntas tramas actualmente en manos de los jueces a los que Hacienda alertó tras detectar que se aparentaba un falso IVA a través de complejas organizaciones de empresas con testaferros al frente. Un hecho similar lo está investigando el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, cuyos imputados principales son un conocido abogado de la ciudad y su socio.
El fisco cifra el supuesto fraude en el que está imputado quien fuera máximo responsable de Costas en Alicante en los años ochenta en más de 6,5 millones de euros si se tienen en cuenta, además, los intereses generados desde que presuntamente se cometió el fraude, que abarcaría operaciones inmobiliarias ejecutadas durante los años 2006 y 2007, según ha podido saber este diario.
Actuación de la Fiscalía
La denuncia la presentó la Fiscalía de Alicante a instancias de la Agencia Tributaria, que previamente alertó del presunto fraude. Un juzgado de Alicante y otro de Valencia están llevando la investigación. En la causa hay hasta el momento una decena de personas imputadas y, según ha podido saber este diario a través de las fuente cercanas al caso, las defensas alegaron la prescripción de los hechos, planteamiento que ha sido rechazado por el juez.
Los administradores de las firmas investigadas vinculadas a las operaciones inmobiliarias que se investigan son de Benidorm, Alicante y Valencia, según ha podido saber este diario. Entre los bienes con los que se ha operado figuran pisos y fincas de Alicante, así como al menos una en la provincia de Valencia.
En cuanto a quien fuera la máxima autoridad de Costas en Alicante, ahora situado por los investigadores como cabecilla de la trama, Fernando Paton, ya han tomado medidas cautelares y se le han bloqueado cuentas y embargado bienes, según fuentes consultadas por este diario.
El antecedente del caso Juan Guerra
No es esta la primera vez que Fernando Paton se verá las caras con un juez. A principios de los 90, en plena instrucción del caso Juan Guerra, el entonces director provincial de Transportes (en el 89 había sido relevado de su cargo en Costas a raiz de un escrito de la que fuera directora de Obras Públicas de la Generalitat, Blanca Blanquer, crítico con su gestión) fue imputado por los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad. Según el sumario, Paton autorizó la construcción de la urbanización Bahía Real de Altea tras haberse negado meses antes al entender que contradecía la Ley de Costas. El cambio de criterio se atribuyó al "influjo" del hermano de Alfonso Guerra. El promotor de Bahía Real, el empresario Javier Porcar, firmó un aval de 80 millones de pesetas a Juan Guerra para que éste adquiriera una finca en la localidad sevillana de Espartinas y, tras producirse este hecho, Costas de Alicante, a cuyo frente estaba entonces Paton, dio luz verde al complejo alteano. Esta pieza se acabó archivando. M. G/ S. LL.
