Con más de un centenar de causas abiertas por presuntos casos de corrupción, la mitad de ellas en la zona de la Vega Baja, la provincia de Alicante no necesita refuerzos para investigar los casos de corrupción. Al menos, por el momento. Esto es lo que ha trasladado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, al Consejo General del Poder Judicial para el estudio que está elaborando sobre la incidencia de la investigación de estos casos en el funcionamiento de los juzgados. En estos momentos, en la Comunidad Valenciana se investigan casos de calado, como pueden ser Gürtel, Brugal, Emarsa o Fabra, por citar algunos, aunque numéricamente la mayoría de ellos están en la provincia de Alicante. Los datos enviados a Madrid obvian también la petición del presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que había reclamado dos jueces para reforzar las secciones penales para hacer frente a más de un centenar de macrojuicios, diez de ellos relacionados con la corrupción.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, señaló que la Comunidad Valenciana es una de las zonas que no han solicitado refuerzo alguno, junto a Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra. Entre las comunidades que sí han reclamado estos apoyos están Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Murcia. Asimismo, la Audiencia Nacional ha pedido una unidad permanente de peritos para poder investigar los casos que tienen en marcha. Moliner dio cuenta a los miembros del consejo de esta situación y pidió a los vocales de los distintos territorios que completen sus datos para estudiar qué medidas de refuerzo se pueden adoptar para agilizar la tramitación de estas causas.
El TSJ de la Comunidad aclaró ayer por la tarde, tras conocerse el contenido del pleno celebrado en el CGPJ, que el inventario por causas de corrupción todavía no había podido ser completado y que se estaba recopilando la información manualmente de cada juzgado, por lo que esperaban completarla en los próximos días para poder remitir a Madrid los datos definitivos. Desde el TSJ se incidió en que se había enviado una relación «meramente orientativa». Entre esos datos ya enviados se encuentran las causas que investiga la Sala de lo Civil y lo Penal, en las que hay aforados imputados, para las que se ha pedido el mantenimiento de un segundo secretario judicial, así como más medios informáticos y funcionarios. La rama del PGOU de Brugal, Gürtel y el caso Cooperación, las tres grandes causas que investiga el TSJ, suman un total de 92 imputados.
Desde el Tribunal Superior se recordó que en los dos últimos años se habían reforzado juzgados que investigaban asuntos de corrupción, como es el caso de Instrucción 5 de Alicante, para la causa del PGOU (hoy en el TSJ), Primera Instancia tres de Orihuela que investiga dos piezas separadas del caso Brugal, así como el juzgado de Valencia que indaga el saqueo de Emarsa. En lo referente a los juzgados de Instrucción, la información transmitida al Consejo General del Poder Judicial, el TSJ se ha limitado a hacer una exposición numérica de asuntos en cada órgano judicial sin concretar si hay necesidades de apoyo. Las fuentes consultadas por este diario señalaban que De la Oliva hacia alusión a la complejidad de los casos Brugal, Emarsa y Fabra. Concretamente, en Emarsa se señalaba que ya había un magistrado de refuerzo en el juzgado y que de momento siguen siendo necesarios, sin descartar que se pueda pedir algo más en un futuro. En la información remitida a Madrid tampoco se concretaba si había necesidades de ayuda para los juzgados de los casos Brugal y Fabra.
No han sentado muy bien estas conclusiones en la Audiencia alicantina, donde el presidente, Vicente Magro, había solicitado un apoyo de dos magistrados para los diez casos por corrupción que tienen por enjuiciar en los próximos meses, así como cerca de 120 asuntos de especial complejidad, por el elevado número de acusados y una duración de juicio prevista de varios días. Fuentes del TSJ señalaron que la petición de Magro no estaba relacionada directamente con los datos solicitados por el CGPJ, ya que los refuerzos reclamados eran para celebrar juicios pendientes y, salvo diez, no relacionados con la corrupción. De todas maneras, indicaron que la petición de Magro se había remitido a Madrid.
Suspendida una reunión con miembros del CGPJ
La Audiencia Provincial tenía previsto celebrar hoy un encuentro con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, precisamente para abordar las necesidades de refuerzo de magistrados para celebrar macrojuicios. El encuentro se suspendió ayer, precisamente el día en el que el CGPJ abordó el tema de los refuerzos en los juzgados que investigaban casos de corrupción y en el que se obviaban las nesidades de Alicante. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, señaló ayer que la entrevista había tenido que suspenderse para que pudiera estar presente también la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, que es la otra vocal de la Comunidad Valenciana en el órgano de gobierno de los jueces.
