La Fiscalía de Alicante sostiene que los empresarios Enrique Ortiz y Rafael Galea simularon operaciones inmobiliarias ficticias para lograr deducciones fiscales a las que no tenían derecho, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. Un total de seis personas están imputadas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Además de Ortiz y Galea, los otros imputados son Miguel Ballestar, Miguel Carratalá, Vicente Pérez Cañas y Aurelio González Villarejo. Todos ellos se enfrentan a penas que suman más de cuatro años de cárcel, tal como ya publicó este diario.
El fiscal señala que el 20 de octubre de 2005 se formalizaron dos contratos de arrendamientos de nueve fincas rústicas en la Playa de San Juan de Alicante, por los que Hansa Urbana los alquilaba a las entidades Construcciones Villarejo y Obras Asfálticas y Construcciones por un periodo de cinco años por el mismo precio en las dos operaciones de 1,5 millones de euros más 24.000 euros de IVA cada uno. Las clausulas de ambos documentos eran idénticas y prohibían expresamente las actividades agrícolas. El contrato podía ser resuelto en el momento en que las fincas fueran convertidas en suelo urbanizable.
El fiscal considera que los dos contratos "no obedecían a la realidad", dado que a pesar de que se pagaron las cantidades estipuladas, nunca fueron usados por los arrendatarios. "Confeccionaron y simularon dichos contratos con la única y exclusiva finalidad de obtener el amparo documental pertinente para poder, con posterioridad, proceder a incumplir todas las sociedades intervinientes determinadas obligaciones tributarias en los respectivos impuestos, obteniendo beneficios y ventajas fiscales a los que no tenían derecho". El ministerio público cree que el dinero pagado por el alquiler era un anticipo por una posterior operación mercantil de compra del suelo. Las dos empresas manifestaron que el uso que le iban a dar a los terrenos arrendados era el de almacén para maquinaria y material de obras. El fiscal incide en que desde Hacienda se emplazó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana para que informaran sobre las actividades realizadas en ese suelo, sin que a ninguno les constara nada.
Concretamente, las fincas son adquiridas por el empresario Enrique Ortiz a través de la mercantil Viviendas del Mediterráneo Orvi por cerca de 37 millones de euros el 11 de abril de 2006, seis meses más tarde de la firma del alquiler. El fiscal incide en que Orvi no era una sociedad independiente de las entidades que aparecían como arrendatarias de los terrenos, ya que los dos empresarios eran socios de Ortiz en otras mercantiles. Ese día se resuelve el contrato, sin hacer mención expresa a la devolución del dinero que las dos mercantiles pagaron por el arrendamiento.
El fiscal señala que de esta manera, la mercantil Hansa Urbana, en la que estaban Galea y Ballestar, se aplicó una deducción por reinversión de beneficios extraordinarios de 6.015.247 euros., que no le correspondía. Las arrendatarias del suelo se habrían aplicado también deducciones indebidas del IVA y el Impuesto de Sociedades por el alquiler, aunque con el IVA se estima que no hubo un perjuicio económico real para el erario público.
Desde el ministerio público se incide en que Hansa Urbana fue propietaria del suelo durante cinco años en los que ni tuvo ningún ingreso por ellos, ni tampoco los arrendatarios, con lo que se considera desproporcionado el dinero pagado. Asimismo, al tratarse de suelo no urbanizable no podrían usar ese suelo como almacén de material, ya que no habían conseguido ninguna autorización para ello.
Un año más de cárcel en caso de que no se paguen las multas
Los acusados podrían ser condenados a un año de prisión más en caso de que no paguen las multas de diez millones de euros que se reclaman para cada uno, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Concretamente se solicitan tres años de cárcel por un presunto delito contra la Hacienda Pública y un año y seis meses por falsedad documental. Asimismo el ministerio público pide la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante cinco años. Como ha venido publicando este diario, los acusados niegan haber cometido ilegalidad alguna y señalan que es una diferencia de criterio con la Agencia Tributaria del modo en que tenía que haberse contabilizado la venta. Desde Hansa, se insistió en que los asesores financieron supervisaron la operación y señalaron que todo era correcto. La causa está ya en un juzgado de lo Penal, que arrastra una espera de año y medio, pendiente de que se señale fecha. J. A. M.
