La lista de espera para cobrar de la Generalitat es larga y hay proveedores de la Administración que no tienen la capacidad de ejercer una presión efectiva para que se abone la deuda y continúan prestando un servicio sin percibir contraprestación alguna y con el agua al cuello. Ese el caso de la empresa privada que gestiona desde hace once años el principal depósito judicial de Alicante, donde se almacenan por orden judicial unos 400 vehículos, varios barcos, efectos falsificados y gran variedad de objetos que han sido intervenidos por las Fuerzas de Seguridad en la provincia, sobre todo en operaciones antidroga. Servicios Integrales Vital lleva trabajando desde hace once años con juzgados de toda la provincia y la deuda actual de la Generalitat con esta empresa ronda los 4,5 millones de euros en concepto de alquiler por cada vehículo que custodia -8 euros por coche y día y 3 o 4 por moto-. Muchas motos y coches están en este almacén desde hace diez años, sin que los juzgados hayan autorizado su destrucción o subasta, por lo que el alquiler se dispara y el valor de los vehículos se devalúa sensiblemente.
La empresa que gestiona este almacén en atraviesa un momento económico difícil por esta deuda que le impide mejorar la infraestructura del depósito y se mantiene como puede. En diez años de servicio asegura que solo les han pagado desde la Generalitat unos 40.000 euros y subsisten con los beneficios que genera el almacenamiento de vehículos embargados por Suma y Hacienda, que sí pagan por el servicio que les prestan y sacan los coches a subasta con mayor celeridad.
El depósito judicial se encuentra en el Bacarot y en la actualidad tiene almacenados unos 400 vehículos, entre coches y motos incautados en operaciones contra bandas de delincuencia organizada, principalmente dedicadas al narcotráfico. También guarda embarcaciones, ropa y zapatos falsificados, cajas fuerte, piezas de coches y otros objetos.
El tiempo va pasando y los vehículos, muchos de ellos de alta gama, se deterioran por estar parados al aire libre tantos años. Por tanto, su valor se devalúa enormemente y cuando el juzgado autoriza su subasta probablemente ya no están ni en condiciones de circular. Al mismo tiempo, la deuda del Consell sigue subiendo a un ritmo medio de unos tres mil euros diario.
Según el gerente del depósito, Jorge Talavera, llevan cuatro años hablando con Justicia para que vayan pagando facturas y desde hace un año se está hablando con la Generalitat y con los juzgados y la Policía para intentar poner en marcha un plan para realizar subastas anticipadas de los coches incautados a narcotraficantes. Incluso se habló de crear un juzgado especial, pero por ahora todo son promesas y no se pone en marcha, con el consiguiente incremento de costes para la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abordaron el pasado diciembre la necesidad de firmar un protocolo para agilizar la destrucción o subastas de vehículos incautados. Desde Justicia indicaron a este diario que las propuestas se abordarán este mes en la próxima reunión de la comisión mixta. Fuentes del TSJ señalaron que se envió un informe al Consejo del Poder Judicial "sobre el problema que plantea esta situación, tanto desde el punto de vista jurídico como económico". El TSJ trabaja en ese proyecto "para que pueda implementarse una solución en términos jurídicamente seguros".
"El depósito puede generar ingresos, como ocurre en Murcia con una oficina de subastas, pero en Alicante estamos en una situación de abandono total", se lamenta el gerente. En 2012 les dijo la Conselleria de Justicia que les facturaran 236.000 euros para pagar a final de año. No han cobrado y encima tienen que declarar el IVA como si lo hubieran percibido.
Los procesos se alargan muchos años y los juzgados apenan dan facilidades para destruir o subastar los coches, así como para devolver coches robados a las compañías de seguros.
Problema con la devolución sin coste
Otro problema añadido que padecen en el depósito judicial es cuando un juzgado ordena la devolución de un vehículo a su propietario sin coste alguno, como ha ocurrido recientemente con varios coches del presunto capo de la mafia rusa detenido en 2008 en El Campello. La Audiencia Nacional ordenó su devolución sin coste alguno y el importe del alquiler diario de estos años lo tendrá que asumir Justicia. "Es una pelea diaria con los juzgados para compensar gastos", afirma el gerente. La Audiencia de Alicante les da la razón diciendo que pueden retener el coche hasta que se pague el alquiler, pero muchos jueces ordenan lo contrario.
