El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, justificó ayer el indulto al kamikaze en los supuestos ataques de epilepsia que alegó la defensa en el juicio y que ni los jueces de la Audiencia de Valencia, ni los del Tribunal Supremo consideraron probados durante el juicio. El ministro aprovechó su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la polémica medida para arremeter contra el PSOE al asegurar que el Ejecutivo de Zapatero también indultó a un conductor kamikaze que adujo ataques de epilepsia. Sin embargo, en aquel caso el perdón se acordó cuando el condenado ya había cumplido las dos terceras partes de su condena de doce años y medio de prisión, mientras que en este último el reo apenas estuvo diez meses en la cárcel, el tiempo que tardó en tramitarse el expediente.
Ramón Jorge Ríos fue condenado a trece años de prisión por conducir seis kilómetros en dirección contraria por la AP-7 en Polinyà de Xúquer (Valencia) el 1 de diciembre de 2003, provocando un accidente en el que murió un joven y su novia resultó con graves secuelas. Tras la polémica levantada en las últimas semanas, Gallardón compareció ayer en el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE para explicar la medida. Según el ministro, en este caso, el conductor carecía de antecedentes penales, no circulaba bajo los efectos del alcohol y fue diagnosticado de epilepsia por el servicio público de salud de Castilla-La Mancha. La sentencia ya dejaba claro en su día el hecho de que este informe médico se realizó dos años después de los hechos e incide en el hecho de que "según se nos alega la única crisis que habría padecido sería precisamente la según la defensa habría ocurrido ese día".
Gallardón aseguró el indulto contó con el informe favorable del centro penitenciario en el que estaba ingresado, constatando que en los nueve años que habían transcurrido antes de su ingreso en prisión no había cometido delito alguno, se arrepintió, se reintegró sociolaboralmente y no había pronóstico de reincidencia". El ministro aseguró que para la concesión de este tipo de indultos "se sopesan todos los elementos, incluido el sufrimiento de las víctimas o de las familias de las víctimas", además de otras razones. En este caso concreto, tanto la Audiencia de Valencia, como la Fiscalía y las familias de los afectados se habían mostrado en contra de la medida de gracia.
El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que era quien había solicitado la comparecencia de Gallardón, le replicó durante el debate parlamentario que con estos argumentos el ministro estaba haciendo suyas las posiciones de la defensa. "Se ha convertido en juez de jueces", le reprochó el diputado, que expresó sus sospechas de que la postura del ministerio podía tener "algo que ver con que el despacho que tramitó el indulto está ligado a familiares directos suyos y dirigentes del PP". Como desveló este diario, en el bufete que llevó la defensa del kamikaze trabaja un de los hijos del ministro de Justicia, mientras que el abogado que representó al conductor en el juicio es el hermano del exsecretario de Estado de Seguridad entre 2002 y 2004, Ignacio Astarloa.
Abogados defensores
Ante esta acusación, Gallardón aseguró que el despacho donde trabajan los abogados "no figura en los expedientes de indulto y el ministro no lo conocía, ni en este, ni en ningún caso". "Si conociese cómo funciona un despacho de 500 abogados y cómo funciona el Ministerio no tendría la más mínima duda", insistió el ministro, al indicar que "como en todos los indultos" el Gobierno tuvo sus "dudas" y por ello consultaron lo que se había hecho antes, viendo el "último indulto que por un delito de seguridad vial se había concedido". Así, indicó, el Gobierno comprobó uno de similares características concedido el 16 de septiembre de 2011, pocos meses antes de que concluyera el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y vio que había coincidencias.
En un caso la pena impuesta era de 12 años de cárcel y en el otro de 13 por conducción kamikaze, en los dos hubo resultado de muerte y en los dos se adujo epilepsia. "La diferencia", resaltó, se encuentra en que la epilepsia en el caso del indulto concedido por el gobierno del PP está acreditada por un servicio de salud, además de que en este caso no conducía bajo los efectos del alcohol y no tenía antecedentes de delitos contra la seguridad vial, lo que si ocurría en el otro supuesto. "Ustedes nos marcaron el camino porque no quieren que hagamos lo que hicieron ustedes", concluyó Gallardón. Sin embargo, en el caso citado por el ministro el reo llevaba más de ocho años en prisión cuando recibió la medida de gracia.
El PSOE ha solicitado una copia del expediente del indulto y ha pedido a la Fiscalía que investigue si se ha producido tráfico de influencias en la concesión de la medida, dados los vínculos familiares del ministro con el despacho que representó al conductor.
La delegada de Stop Accidentes en la Comunidad Valenciana, Ana Novella, criticó el argumento de Gallardón al referirse a que el indultado no había cometido delitos en 10 años -desde el accidente-, "pero lo que no puede hacer el ministro es mirar por los beneficios de los delincuentes y no de las víctimas". "Conseguir una sentencia así cuesta muchísimo y luego se queda en nada por indulto", lamentó.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) reivindicaron ayer regular la concesión del indulto de manera que se exija justificar los motivos que han llevado al Gobierno a otorgar esa medida de gracia. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogó ayer por imprimir un carácter "excepcional" a los indultos, que, además, "deben estar motivados para que la sociedad mayoritariamente los entienda".
"Indignación y tristeza infinita" en la familia del fallecido
La hermana del fallecido por el conductor kamikaze, Loreto Dolz, mostró ayer su "indignación y tristeza infinita" por los argumentos del ministro de Justicia para justificar el indulto. La familia ha creado la web www.derogacionindultokamikaze.es para solicitar firmas y lograr que se revoque la decisión del Gobierno. La hermana de la víctima consideró que las declaraciones del ministro son "una burla descarada, de nuevo, a la Audiencia de Valencia y al Tribunal Supremo cuando valora la defensa que los jueces descartaron". Loreto Dolz, indicó, que "todos los argumentos utilizados" por el ministro "carecen de motivos, de sentido común, de toda lógica y racionalidad". Dolz incidió en que el kamikaze "a los dos meses de estar en la cárcel ya tenía el informe favorable del centro y no le dio tiempo a llevar a cabo esos cursos que dice el ministro que hizo sobre seguridad vial". También consideró peligrosísimo que la falta de antecedentes justifique un indulto en un homicidio.
Cerca de 10.000 personas piden que se anule el indulto
Cerca de diez mil personas, 6.000 por escrito y unas 3.500 por internet, han firmado ya para que se revoque el indulto al conductor kamikaze que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista AP-7 en Polinyà del Xùquer (Valencia), una petición que impulsa la familia del fallecido.
La hermana de la víctima, Loreto Dolz, ha manifestado a EFE que la familia convocará nuevas movilizaciones ciudadanas y ha calificado de "barbaridad" la justificación del indulto que ofreció en el Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La familia del joven fallecido, natural del municipio valenciano de Alzira, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la calle y otra a través de la página de internet www.derogacionindultokamikaze.es.
En el escrito publicado en la web, manifiesta su "absoluta disconformidad y repulsa" frente al indulto del kamikaze, condenado a trece años de prisión por los delitos de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, homicidio y lesiones.
"El indulto ha sido tramitado de manera sorprendentemente rápida", lamenta la familia, que califica la decisión del Consejo de Ministros de "arbitraria, injusta y vulnera los más elementales principios consagrados por la Constitución".
La petición, dirigida al Ministerio de Justicia, exige la "inmediata revisión y revocación" de esta decisión y solicita la reforma de la Ley de Indulto para evitar que se vuelva a producir un "uso abusivo".
La hermana de la víctima, Loreto Dolz, ha señalado que la familia está pendiente del recurso que presentaron ante la sala tercera del Tribunal Supremo, en el que piden a esta instancia que resuelva si la decisión del Consejo de Ministros "siguió los trámites y vías legales" pertinentes.
Dolz ha agradecido el apoyo ciudadano que están recibiendo y el de administraciones locales, como los ayuntamientos de Algemesí, Alzira y Aldaia, gobernados por el PP, que ha aprobado mociones, con el voto unánime de todos los partidos representados, pidiendo que se revoque el indulto.
Respecto a las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso celebrada el pasado martes, Dolz ha manifestado que "no tienen justificación".
El ministro, ha denunciado la hermana de la víctima, "se convirtió en abogado defensor del kamikaze al utilizar los mismos argumentos que usaron sus abogados" en el juicio.
Asimismo, ha lamentado que Ruiz-Gallardón "defiende al homicida y no a las víctimas" y ha sostenido que "no hay razones poderosas de justicia que justifiquen el indulto".
