La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó ayer tras el Consejo de Ministros que todos los indultos que aprueba el Gobierno tienen un informe favorable del Ministerio Fiscal o del tribunal sentenciador, algo que no se ajusta a la realidad porque no se cumplió precisamente en el caso del kamikaze que provocó un accidente de tráfico en el que murió un joven en Valencia.
El kamikaze de Valencia, que residía en Almoradí cuando se produjo el accidente en 2003, fue indultado por el Gobierno pese a no contar con informes favorables ni del fiscal ni del tribunal de la Audiencia que le condenó a 13 años. El único informe a favor del conductor fue realizado en la prisión de Fontcalent y le ha bastado al Gobierno para conmutarle los 13 años por una multa de 4.000 euros.
Santamaría defendió ayer la equidad y el rigor del Ejecutivo a la hora de conceder indultos, tras ser preguntada por el caso del kamikaze Valencia. En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, indicó que, con todos los Ejecutivos, ha habido indultos "más o menos polémicos". La portavoz del Gobierno apuntó que no puede trasladar las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero destacó que en el ánimo de todos los miembros del gabinete está "el aplicar la ley de la mejor manera posible", buscando "la equidad" y "el rigor".
Explicó que, en ocasiones, los indultos tratan de evitar que la aplicación de la ley, por las circunstancias del caso o porque todavía no ha habido una adaptación legal o una modernización legal, cause al penado "un perjuicio que se considera excesivo", por lo que se procura "hacer una gestión y un análisis más riguroso, si cabe, de los procesos".
En el origen del indulto está la máxima "sumo derecho, suma injusticia", recordó Sáenz de Santamaría. La ley de indultos en España data de 1870, ha tenido pocas modificaciones desde esa fecha y las más importantes las ha operado la Constitución para impedir los indultos de naturaleza general, a diferencia de otras legislaciones, concluyó.
Por otro lado, la hermana de la víctima del kamikaze, Loreto Dolz, se mostró ayer "esperanzada" en "que rectifiquen esta injusticia", dado que "un caso excepcional requiere también medidas excepcionales". Afirmó que, junto a familiares, amigos y vecinos del joven fallecido, ha iniciado una campaña de recogida de firmas pidiendo la revocación de la medida. A tal efecto, han elaborado unas hojas que ya se están repartiendo por todos los comercios de Alzira, donde reside la familia, Valencia, Madrid e "incluso el extranjero". También están creando una web que "en breve" estará en funcionamiento para recoger firmas. Loreto afirmó que "todo el mundo está colaborando con la causa" y destacó que la familia se siente en cierto modo "abrumada por haber salido en los medios de comunicación por algo tan triste".
La familia del joven muerto recurre al Tribunal Supremo
La familia del joven de Alzira fallecido en 2003 en un accidente causado por un kamikaze que circulaba en sentido contrario por la autopista AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia) ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el indulto a este conductor, condenado a 13 años de prisión, pero que ha quedado en libertad. La familia de José Alfredo Dolz ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del TS en contra de esta medida de gracia adoptada por el Consejo de Ministros en diciembre. El letrado de la familia, Agustín Ferrer, confirmó a Efe que la familia quiere así "agotar todas las vías posibles" para que se revoque una resolución que "no tiene razón de ser", aunque es consciente de que nunca antes se ha rectificado un indulto. Ferrer, quien apuntó que el recurso ha costado 440 euros en tasas judiciales, resaltó que el Gobierno tiene "ahora una vía abierta, una oportunidad, para rectificar". Una vez presentado el recurso se da traslado del mismo a la Abogacía del Estado, que "ahora puede ofrecer un informe favorable a la nulidad del indulto, para que así lo resuelva también el Supremo". EFE
