Ha ejercido la acusación pública desde los 23 años. Pese a ser andaluz, y su acento da fe de ello, gran parte de su trabajo como fiscal lo desarrolló en Navarra, donde llegó a ser el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, si bien ahora su carrera como acusador ha dado un giro tras su reciente incorporación en un despacho de abogados con sede en Alicante para dirigir toda la rama penal.

En su carrera como fiscal jefe, Javier Mun?oz intervino en procesos judiciales de relevancia nacional como la encarcelación del exdirector de la Guardia Civil y delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán o el atracador de bancos conocido como «El Solitario» por el asesinato de dos guardias civiles. Estuvo detrás de la condena al expresidente de Navarra Gabriel Urralbu, por el cobro de comisiones. Ahora en Alicante, donde lleva un mes ejerciendo como abogado en el despacho Martínez-Echevarría, se ha hecho cargo, entre otros, del caso de 60 afectados por la compra de productos financieros presuntamente engañosos de un banco de Luxemburgo.

Ahora que se ha incorporado a un despacho como abogado, cualquiera de los personajes a los que acusó en su función de fiscal, como Roldán o «El Solitario», podrían ser ahora sus clientes. Resulta un poco paradójico.

Bueno, paradojas que tienen estas cosas, sí. Podrían ser clientes o ir contra ellos también como acusación. En cualquier caso, si lo fueran, daría el mayor rendimiento para su absolución como con cualquier otro.

¿Han abusado los bancos de los ahorradores?

Más que abuso lo que creo que ha habido es una publicidad engañosa, eso se ha visto claramente con el tema de las preferentes. Estamos trabajando en un caso parecido que afecta a unas sesenta personas que compraron viviendas en Alicante y que fueron víctimas de un banco luxemburgués hoy en liquidación. Llevan cuatro años luchando para acreditar la publicidad engañosa y estafa que sufrieron por parte de unos brokers financieros sin escrúpulos y los gestores de un banco luxemburgués que les prometieron un considerable ahorro fiscal y rentabilidades sostenibles a cambio de un engendro financiero que nunca reportó beneficios y que les ha dejado a punto de perder sus casas hipotecadas, aunque hemos conseguido que de momento no se ejecuten las hipotecas.

Usted también llevó la acusación de un expresidente de Navarra condenado por cobrar comisiones por adjudicaciones. ¿Cree que hay sensación entre el ciudadano de impunidad para los políticos?

La sensación que creo que hay es la de que es más difícil perseguir al político, que cuesta más trabajo, porque impunidad no la hay y existen muchos casos cerrados y otros aún abiertos que así lo demuestran, aunque el caso de Camps con los trajes no sea un ejemplo de ello, que es el que aquí pilla más cerca.

¿Hasta qué punto es punible que una alcaldesa aborde asuntos de un Plan General de Ordenación Urbana con un empresario, Enrique Ortiz, en lugares ajenos a un ayuntamiento?

Lo que hay que ver ahí es si esa relación influenció para beneficiar al empresario. El hecho de que pueda quedar con él, darle documentos en bares y no en un ayuntamiento son cosas que no son delito, aunque sí puedan ser éticamente reprobables. Tampoco conozco muy bien la causa.

¿Debería dimitir Sonia Castedo, así como su antecesor, actualmente diputado autonómico, por su imputación en la investigación del PGOU?

Cualquier cargo público debería dimitir cuando existe una resolución judicial que le afecte en un procedimiento. Un juez no imputa gratuitamente, y si lo ha hecho, será porque ha visto indicios de delito. La presunción de inocencia pesa por encima de todo, pero un político debe abandonar su cargo, al menos de manera temporal, para afrontar su situación judicial.