Un juez de Alicante ha exculpado a 25 técnicos de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) de Alicante y Benidorm que habían sido imputados por su presunta implicación en una estafa por la comercialización de autocaravanas cuyo destino era el desguace, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. Las autocaravanas resultaron afectadas por unas inundaciones en Francia y no eran aptas para la circulación. Únicamente se podían reutilizar algunas piezas por separado para ser aprovechadas en otros vehículos. Sin embargo, la mercantil que tenía que haberlas destruido, las reparó y volvió a ponerlas a la venta.
El fraude, que investiga la Guardia Civil, está valorado en más de un millón de euros. Parte de ellas se comercializaron para toda España desde un establecimiento de Alicante, que compró 33 de estos vehículos. El magistrado instructor Manrique Tejada se ha basado en un informe pericial en el que se precisaba que las manipulaciones de los vehículos no podían detectarse en una inspección ordinaria.
La causa sigue abierta para el empresario que comercializó las autocaravanas y alguno de sus colaboradores. Los fabricantes de los vehículos, que ejercen la acusación particular, han recurrido esta decisión del juez y han reclamado que la imputación continúe para todos.
Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2008 durante unas inundaciones en Francia, en las que resultaron afectadas 414 caravanas. Todos los vehículos fueron declarados siniestro total y no aptos para la circulación, al haber sido gravemente dañados en su interior, ya que por dentro eran de madera. Las caravanas debían haberse enviado a la República Checa para ser desguazadas. Sin embargo, la empresa que debería haberlas destruido procedió a ponerlas de nuevo en el mercado, soldando los largueros cortados y sustituyendo las chapas y números de identificación por pegatinas y nuevos troquelados. Una mercantil alicantina compró 33 de estas autocaravanas de esta partida por un precio de 9.000 euros cada una y revendidas por hasta 40.000 euros en 17 provincias diferentes de la geografía española.
El juez había imputado a los técnicos de las estaciones de ITV que llevaron cabo o supervisaron las inspecciones de los vehículos presuntamente manipulados. En total estaban imputados quince técnicos de la ITV de Alicante, algunos defendidos por el abogado Alejandro Baos; así como otros seis de la estación de Benidorm. A estos se añaden otros tres ingenieros de las estaciones para quienes también se han archivado las diligencias.
El procedimiento judicial continúa para el empresario que comercializó las caravanas desde la provincia, así como para un ingeniero industrial no vinculado a las estaciones que presuntamente habría colaborado en la falsificación de las tarjetas de ITV.
La decisión del juez de archivar el caso para los técnicos de las ITV, que ha contado con el visto bueno del fiscal, se ha adoptado después de haberles tomado declaración y recibir el informe de un perito para determinar si las manipulaciones se podían haber detectado en una revisión rutinaria. Según el auto judicial, de este trabajo se desprende que "difícilmente" se podían detectar los cortes efectuados en el chasis, ni otras manipulaciones.
