La Fiscalía de Alicante ha pedido al Gobierno una reforma legal para que los daños causados por los grafitis sean delito en los casos en los que excedan de los 400 euros. La petición aparece en la última memoria de la Fiscalía al hilo de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que absolvió a un grafitero menor de edad por haber pintado un vagón de tren en el año 2009 junto con otros mayores, pese a que un juzgado de menores le había impuesto 100 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. La sala entendía que los hechos no podían ser considerados como un delito de daños porque la reparación del vagón consistió en labores de limpieza y éste no quedó inutilizado como consecuencia del ataque. Como el deslucimiento de estos bienes no estaba castigado por el Código Penal en el momento en que ocurrieron los hechos, la sala revocó la sentencia y le absolvió. En la actualidad estos hechos son constitutivos de falta, que tienen un castigo menor y que además prescriben al cabo de tan sólo tres meses.

El ministerio público alerta de que los jueces no tienen un criterio claro antes estos hechos. Para algunos, se trata de una simple falta, sin entrar a considerar el valor económico de los daños que hayan causado, ya que lo que analizan es si el bien ha quedado inutilizado o no. En el asunto resuelto por la Audiencia, los desperfectos del vagón estaban valorados en 1.823 euros. El fiscal entiende que en estos casos el perjuicio causado va mucho más allá de una mera limpieza ante un deslucimiento. Las sustancias corrosivas de los sprays en muchas ocasiones obligan a volver a pintar los vagones para dejarlos en su estado anterior al ataque. Otros juzgados comparten este criterio y sí que están condenando por un delito de daños. Para zanjar estas diferencias, el fiscal pide que sea considerado delito siempre cada vez que los desperfectos superen los 400 euros.

El fiscal advierte en su propuesta que los grafiti, "fuera de los supuestos en que se consideran manifestaciones artísticas (...), constituyen un problema de primer orden en las sociedades occidentales. Hablamos de costes que alcanzan millones de euros anuales y que afectan tanto al patrimonio público como al privado". Fuentes del ministerio público, señalaron que los ayuntamientos dedican gran cantidad de recursos para tratar de identificar a los grafiteros para que paguen los daños y que en muchas ocasiones es muy difícil lograr una condena a no ser que estos jóvenes sean sorprendidos "in fraganti". Las faltas prescriben al cabo de tres meses, lo que dificulta todavía más las investigaciones para luchar contra este tipo de vandalismo urbano.

Las mismas fuentes apuntaron que considerar este tipo de hechos como una mera falta no es una respuesta proporcional a los enormes gastos que suponen para la administración pública estas actuaciones.

En este sentido el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, señaló que el proyecto de reforma del Código Penal que está preparando el Gobierno ya prevé la desaparición de las faltas, por lo que este tipo de conductas serán consideradas como delito. Aunque otra sala de la Audiencia ha dictado una sentencia en un sentido diferente, Magro consideró que los daños que causan los grafitis sí deberían considerarse delito a partir de una cierta cantidad. "No es de recibo en los tiempos que corren que una administración tenga que destinar miles de euros al año para limpiar estas pintadas, un dinero que podría haberse dedicado a otras partidas muy limitadas por los recortes", aseguró.

358 menores imputados por vandalismo

La Fiscalía de Menores de Alicante abrió el año pasado 358 diligencias contra jóvenes por hechos relacionados con el vandalismo y a quienes se les imputó un delito de daños, según la memoria. Los datos no se limitan sólo a los grafitis, sino que también recogen otro tipo de desperfectos, como el deterioro del mobiliario urbano, o la ruptura de espejos de los coches que estaban estacionados en la vía pública. La cifra es muy similar a la contabilizada el año pasado, donde desde la Fiscalía de Menores se abrieron un total de 316 diligencias por este motivo. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, consideró que para este tipo de delitos las mejores políticas son siempre la reeducación. "El mero castigo no sirve para nada si el infractor no comprende el por qué se le ha condenado", aseguró. En esta línea, apuntó en que en los casos en los que los autores de estos daños son menores de edad, los jueces condenan a los padres a tener que pagar la reparación de los daños que han causado sus hijos. En la sentencia anulada por la Audiencia, el menor condenado debía prestar 100 horas de trabajos en beneficio de la comunidad y pagar los daños. j. a. m.