La actual coyuntura económica ha llevado a la Conselleria de Justicia a mirar con lupa cada uno de los justificantes remitidos por los abogados de oficio designados por el propio juzgado para poder cobrar por sus servicios. Después del verano, los 1.200 letrados inscritos al turno de oficio en Alicante se han encontrado con una instancia del Colegio de Abogados mediante la cual se les traslada que la Conselleria de Justicia les obliga ahora a aportar una relación de bienes del ciudadano beneficiario de la justicia gratuita. Esta documentación sobre la situación económica del asistido se requiere al letrado cuando éste lo haya solicitado el propio juzgado, algo que suele darse en la asistencia a detenidos o en procesos penales por los delitos investigados.
Mientras que hasta ahora los letrados presentaban un justificante por el servicio prestado y se comprobaba a posteriori la viabilidad económica del beneficiario de la justicia gratuita, ahora es el letrado de oficio el que debe aportar junto a ese justificante la relación de bienes de su defendido con datos tales como si vive de alquiler o no, si es propietario de una vivienda, si trabaja por cuenta ajena o si es jubilado, desempleado o si tiene vehículo propio.
La medida, según fuentes judiciales consultadas por este diario, pretende ejercer un "efecto filtro" a la hora de que el ciudadano goce de un abogado de oficio para evitar abusos de ciudadanos con recursos a los que se ha asignado asistencia, además de "desesperar" al letrado que tiene que buscar cada dato de un cliente "al que a veces ni hemos visto porque se trata de procedimientos ya iniciados", explican algunos.
Y es que la Justicia es gratis, pero no si puedes pagarla. Y en tiempos de crisis y recortes el Consell ha decidido reducir aquellos pagos de honorarios que no estén suficientemente acreditados con una relación de bienes que evidencie que el ciudadano carece de recursos.
Se trata de una idea que defienden las cabezas visibles de los colegios de abogados. El decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, aclaró ayer que la medida ha venido desde la Conselleria de Justicia a través de la dirección territorial. "En cualquier caso nos ha llegado como una recomendación", indicó Candela, quien recordó que el acceso a la justicia gratuita es un derecho fundamental que en ciertos casos provoca "abusos".
Colas
La necesidad de ajustarse el cinturón está dejando en Alicante escenas tan llamativas como la que se producía el pasado jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Benalúa. La plaza por la que se accede a los juzgados era desde las cuatro de la madrugada una sala de espera para poder optar a un abogado de oficio en asuntos civiles.
El Colegio de Abogados de Alicante decidió reducir ante el retraso en el cobro de sus honorarios y la reducción de éstos, el cupo de personas para optar a un abogado de oficio en asuntos civiles. Solo 30 ciudadanos son atendidos cada jueves (hasta febrero pasado la atención era diaria) para ayudarles a pedir una solicitud de letrado de oficio, algo que se reduce a solo un día por mes en otros colegios de abogados de la provincia.
