­Una veintena de personas adoptadas en la Comunidad Valenciana han decidido pedirle a un juez que obligue a la Casa Cuna de Valencia a entregarles los datos sobre su nacimiento y de sus padres biológicos. La vía judicial ha sido la única fórmula que les quedaba para poder exigir conocer quiénes son sus progenitores y qué hay detrás de sus adopciones, que califican de irregulares en muchos casos. En total, veintiún adoptados –entre ellos siete alicantinos de Elche, Alcoy, Crevillent, Sant Joan d´Alacant y Petrer– van a presentar hoy una demanda civil colectiva contra la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia para exigir judicialmente que se les entreguen los datos sobre su nacimiento después de que las monjas del centro se los hayan negado.

Quieren saber de sus orígenes. La Casa Cuna Santa Isabel de Valencia les dio en adopción –aunque según relatan muchos de ellos el término correcto sería «vender»– y entre sus archivos deben estar los datos de, al menos, sus madres biológicas, guardados y silenciados por las religiosas. «Le hemos pedido los datos a la directora, que acaba de ser sustituida, pero se nos dice que tienen un voto de sigilo y por lo tanto el compromiso adquirido de no desvelar nunca la información relativa a los padres biológicos», señala la secretaria de SOS Raíces en la Comunidad Valenciana, Anabel Azagra, quien explica que la demanda la presentan tanto adoptados pertenecientes a las asociaciones SOS Raíces y SOS Bebés robados como otros que no forman parte de ninguna entidad. La propia Anabel Azagra cuenta que sus padres , «los mejores que hubiera podido tener», vendieron una finca dos meses antes de ser entregada en adopción para poder hacerse con ella. «Dicen que por mí pagaron mucho dinero», relata esta mujer de 42 años que forma parte de los adoptados que hoy demandan a la Casa Cuna. «En principio vamos por lo civil, pero parece que aquí había un tráfico de bebés», añade Azagra.

El abogado de estos adoptados, Enrique Vila, explicó ayer que el primer objetivo es lograr satisfacer el derecho constitucional a saber y que por ello han ido por la vía civil, si bien no se descarta que pueda haber posteriormente una demanda penal por diversos delitos que habría que concretar. «El hecho de que las monjas digan que las adopciones son correctas y regulares no significa que el origen del bebé sea legal», recalca. Vila encabezó una demanda similar en Barcelona y la justicia ordenó a la institución entregar a los 11 afectados los documentos que habían solicitado, entre ellos a Toñi Cantó, una alicantina residente en Monforte del Cid entregada por la Casa Cuna Santa Isabel de la Ciudad Condal.

Una investigación de la Fiscalía en toda España indaga sobre el presunto robo o sustracción de bebés al nacer y en la que se persigue el presunto delito de detención ilegal, por el que está imputada una sola persona en todo el país: la religiosa de Madrid Sor María. Las pesquisas, coordinadas en la provincia de Alicante por el fiscal de Menores Carlos Ferreirós, han motivado ya media docena de exhumaciones en diversos puntos de la geografía alicantina.

La demanda se dirige contra la Casa Cuna por custodiar los documentos, pero en ella se especifica que la madre superiora Sor Aurora, Hija Adoptiva de Valencia, es la responsable de los mismos.