La fusión de partidos judiciales que proyecta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no acabará con los problemas de sobrecarga de trabajo que padecen los juzgados de Alicante, según reflejan las estadísticas judiciales. La medida es una de las alternativas que se barajan dentro de las políticas de austeridad para mejorar el rendimiento de los tribunales sin necesidad de crear nuevos órganos. Concretamente en el partido judicial de Alicante supondría fusionarlo con el de San Vicente del Raspeig. La estadística judicial muestra que la carga de trabajo seguiría por encima de los límites marcados por el propio Poder Judicial.
La junta de jueces de Alicante ya se pronunció la semana pasada en contra de la medida, ya que los números no les salen. De todas maneras, el acuerdo de la junta no tiene carácter vinculante y para su aprobación por parte del Ministerio de Justicia no es necesario su apoyo. El partido judicial de Alicante cuenta con doce juzgados de Primera Instancia, aunque dos de ellos están especializados en temas de familia como divorcios y separaciones, así como nueve juzgados de Instrucción. Por su parte en San Vicente, hay cuatro juzgados de carácter mixto, es decir tramitan asuntos tanto civiles como penales. Con la fusión, dos pasarían a ocuparse de asuntos de Primera Instancia y los otros dos a instruir sumarios penales, sumando sus medios y personal a los de Alicante.
En civil, la unión entre ambas supondría asumir 1.983 asuntos al año por juzgado, cuando el tope marcado por el Consejo General del Poder Judicial es de 1.200, por lo que el volumen de trabajo está muy por encima de dicho límite. Los juzgados civiles son los más directamente relacionados con la crisis económica, ya que se ocupan de reclamaciones de deuda, desahucios o ejecuciones hipotecarias, entre otros asuntos. Los diez juzgados civiles de Alicante tramitan una media de 20.000 asuntos al año, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, mientras que en San Vicente la cifra es 3.872.
Por su parte, en lo que se refiere a la Instrucción de asuntos panales, la cifra ronda el límite ya que pasarían a tener 6.498 casos por órgano judicial, cuando el tope es de 6.700. Antes de la fusión, la cifra está en 7.000 por juzgado.
En otras jurisdicciones colapsadas como los juzgados de lo Social (que solventan pleitos laborales), Mercantil (que intervienen en los concursos de acreedores), o Contencioso-Administrativo (resuelven los recursos contra decisiones de la Administración), la medida no tendrá efecto alguno ya que estos juzgados ya tienen carácter provincial y por tanto la fusión con San Vicente ni les aportará ni les restará asuntos.
El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló que en estos momentos los juzgados de Alicante ya están al máximo de su capacidad y que la medida no sólo no va a arreglar ninguna de las carencias de este partido judicial, sino que va a elevar la carga de trabajo, obligando a los jueces a abarcar un territorio mucho mayor. Según Cerón, la medida tendrá sus beneficios en zonas pequeñas con pocos juzgados al sumar recursos de varias poblaciones.
Los juzgados de Alicante ya tuvieron que asumir hace unos años varios de los asuntos judiciales del partido judicial de San Vicente, al tener que ocuparse de los términos municipales de Sant Joan y El Campello. La medida buscaba sacar del colapso al histórico colapso de los juzgados de ese partido judicial.
EL RECORTE
La reforma afecta a cinco áreas de la provincia
Los trece partidos judiciales que actualmente tiene la provincia de Alicante se quedarán en ocho con las fusiones que ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial para optimizar recursos, con lo que serán cinco los partidos que desaparecerán. A la fusión de Alicante con San Vicente, se unen otras; por un lado Elda y Novelda; y por el otro una gran área que albergará los partidos de Villena, Alcoy e Ibi. Los partidos judiciales de Torrevieja, Elche, Dénia y Orihuela se quedarán tal y como están en estos momentos. El borrador de todas maneras no es definitivo y todavía debe someterse al pleno del Consejo General del Poder Judicial que está señalado para mañana jueves. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, aseguró durante su última visita a Alicante que la reforma no supone una desaparición de partidos, sino una reordenación de los recursos y que, en todo caso, dependía de otras reformas como es la implantación de los tribunales de instancia o la llegada de los fiscales instructores. J. A. M.
