La Audiencia Provincial de Alicante ha ordenado al juzgado de Instrucción número 8 de Benalúa que reabra una investigación por un supuesto homicidio imprudente tras la muerte de una mujer octogenaria en la residencia geriátrica Ballesol de Vía Parque, según ha podido saber este diario. El organismo provincial ha remitido al órgano instructor la resolución al recurso interpuesto por la familia de la fallecida, que ejerce la acusación particular, contra el archivo del caso, en el que el juez descartó que existiera un delito en la actuación del personal sanitario que suministró la medicación a la mujer. En la causa están imputados dos facultativos y una responsable del centro, que declararon que su actuación fue siempre diligente y profesional conforme al diagnóstico efectuado a la ahora fallecida.

Los hechos ocurrieron hace dos años, cuando familiares de la mujer decidieron llevarla a este centro de la tercera edad de Alicante. En el momento de internarla, la mujer, de más de 80 años y con demencia senil, tenía dolencias pulmonares. Un médico del geriátrico diagnosticó a la interna una bronquitis y realizó la prescripción de una medicación que, según la familia, no se llevó a cabo adecuadamente. El facultativo que realizó el diagnóstico se fue al día siguiente de vacaciones, por lo que otra médico se encargó de la atención a la interna. La mujer murió una semana después. Según los familiares de la fallecida la muerte fue consecuencia de la medicación que se le dio, que no fue la correcta. La familia especifica en su denuncia que fueron las prácticas de los sanitarios a la hora de suministrar la medicación las que acabaron con la vida de la mujer, si bien una de las facultativas imputadas señaló en su declaración que se proporcionó un dilatador pulmonar y otra serie de expectorantes ya que sí se tuvo en cuenta el diagnóstico médico por bronquitis, algo que la familia duda, según la denuncia presentada en el juzgado. En la documentación aportada al juez la familia también cuestiona la titulación de una de las sanitarias que atendió a la fallecida.

El fiscal encargado del caso pidió el sobreseimiento de la causa al entender que no había delito por parte del personal del centro, lo que el juez ratificó en su auto de sobreseimiento en el que rechazaba cualquier responsabilidad penal por parte de la plantilla.

El auto fue recurrido por la familia ante la Audiencia Provincial, que recientemente ha ordenado a la juez que reabra la investigación y que investigue más a fondo el asunto antes de tomar una determinación al respecto, bien el sentido de archivar el caso o de llegar hasta una vista oral.

Este diario contactó ayer con el centro para conocer su versión pero la empresa declinó pronunciarse sobre este asunto.