La denuncia de una juez de familia contra una letrada por llamarla "loca" al finalizar un juicio ha abierto una brecha entre jueces, fiscales y abogados, hasta el punto de que el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) planteará el lunes en una reunión si presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que sí ha hecho ya ante este órgano la letrada denunciada.

Una abogada alicantina se sentó ayer en el banquillo en un juicio de faltas por supuestas vejaciones y amenazas a la titular del juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante, especializado en Familia, después de llamar "loca" a la magistrada a la salida de una vista oral el pasado mes de marzo ante la atenta mirada de peritos, psicólogos y funcionarios al ordenarle la juez que abandonara la sala al excederse del tiempo que le otorgó para las conclusiones. Una representación del Colegio de Abogados de Alicante quiso estar presente ayer en la vista oral par dar su apoyo a la letrada, pero los miembros de la junta no pudieron acceder a la sala al decidir la juez del caso celebrar la vista a puerta cerrada, hecho criticado por algunos compañeros de profesión de la letrada.

Según la denuncia de la magistrada -que se basa en otros testimonios, ya que ella se encontraba aún en la sala cuando se produjeron las presuntas vejaciones-, la abogada comenzó a gritar a la salida de un juicio por un cambio de medidas en el convenio regulador sobre una menor que la juez estaba "loca" y que necesitaba "un psiquiatra", según fuentes judiciales. La magistrada decidió denunciar los hechos y nada le ha hecho dar marcha atrás. Ni siquiera el intento de mediación del Decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que intentó acercar posturas para evitar la vista oral. Preguntado Candela por este diario respecto a una posible denuncia ante el CGPJ, el decano indicó que ha convocado la comisión permanente el lunes y que en ella se abordará la situación y las medidas que emprenderá el Colegio de Abogados. Ratificó que una representación del Colegio estuvo ayer presente para poder entrar al juicio y apoyar a la letrada, pero que él no pudo asistir al encontrarse de viaje. Tampoco precisó si la letrada podría llegar a ser sancionada si la sentencia le declarara culpable de una falta de respeto a la autoridad judicial, que es como ayer el fiscal entendió los hechos, por los que reclama a la imputada el pago de una multa de 240 euros y costas.

Malestar

La togada ya ha presentado una queja ante el CGPJ en la que relata su versión de los hechos y en la que denuncia la práctica de la juez de limitar el tiempo de las conclusiones a dos minutos cuando no existe regulación legal sobre este tiempo. Asimismo, incide en que la magistrada la echó de la sala sin previo aviso por decirle que no había acabado en su exposición.

Cuando la letrada abandonó la sala ayer casi a las 15 horas, compañeros de profesión, familiares, y hasta uno de los clientes a los que defendía el día en el que se celebró la vista que dio origen a la denuncia, le esperaban en los pasillos del Palacio de Justicia de Benalúa para aplaudirla. La letrada salió con un semblante serio, y poco a poco, se fue derrumbando hasta echarse a llorar, momento en el que fue arropada por sus compañeros, que criticaron que la vista se celebrara a puerta cerrada, hecho que entendieron como un trato de favor a la denunciante.

Por su parte, la juez de Familia ha recusado continuar con dos de los procedimientos llevados por esta abogada al entender que ahora existe un conflicto entre las partes.

La defensa cree

que la juez abusó

de su autoridad

La fundamentación esgrimida ayer por el letrado de la denunciada, Juan Miguel Gualda, se centró, entre otras cosas, en considerar que la juez cometió un abuso de autoridad en la sala el día que dio origen a la denuncia. Según Gualda, la magistrada controla el tiempo destinado a las conclusiones -comunica a los letrados que solamente disponen de dos minutos- sin estar regulado este límite temporal en la normativa de enjuiciamiento civil. Asimismo, considera que la titular del juzgado de Familia abusó de su autoridad al tirar de la sala y sin previo aviso a la letrada por decirle que necesitaba más tiempo para exponer sus conclusiones. Sin embargo, en el juicio oral celebrado ayer -al que la juez denunciante acudió con la toga puesta- el fiscal dijo que no iba a entrar a enjuiciar lo que ocurrió dentro. s. ll.