España, un país con dos terceras partes en riesgo de desertificación y con un rango de lluvias por debajo de la media desde 2014, padece la peor sequía de los últimos 20 años, aunque por ahora el abastecimiento de agua para consumo humano no peligra, según el economista e investigador Gonzalo Delacámara.

A corto plazo no se prevén cortes generalizados en el suministro de agua en ciudades españolas porque el artículo 60 de la Ley de Aguas establece una jerarquía de usos, y en un hipotético caso de restricción el consumo poblacional sería el último uso sometido a racionamiento.

En una entrevista con EFE, Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la Economía del Agua, ha detallado que si la sequía persistiera y agravara la situación, el corte de agua afectaría, en primer lugar, a los usos que la ley no considera prioritario, como son los recreativos, acuicultura, industriales y agrarios, entre otros.

En este punto, ha insistido en "no alarmar a la población", aunque ha apuntado que los datos actuales de agua embalsada, al 38,3% de su capacidad total, son los más bajos de los últimos 10 años.

Sin embargo, ha recalcado, los abastecimientos a la población se pueden garantizar, por lo menos, en el corto plazo, aunque el verdadero desafío, sobre el que se debiera enfatizar, es la "seguridad hídrica a medio y largo plazo".

A su juicio, España padece una "enfermedad crónica", provocada por la escasez del agua en general, que en periodos de sequías se agudiza por el descenso acusado de las lluvias, pero sobre todo como consecuencia de todos los usos y presiones sobre el agua.

Factores como el desarrollo urbanístico y energético, la expansión del turismo y el cambio demográfico, entre otros, disminuyen las reservas de agua y a ello se suma el cambio climático que se manifiesta en la frecuencia e intensidad de las sequías, y que llevan a pensar que la situación no mejorará en los próximos años, salvo que se adopten medidas necesarias.

Dicha escasez se refleja con intensidad en el Segura, una de las cuencas con mayor estrés hídrico de la Unión Europea, y en la del Duero, donde la escasez de agua actual golpea con fuerza y ha derivado en que Castilla y León sufra la peor sequía desde 1992, incluso más aguda que las de los años 2001, 2005 y 2009.

La situación "no permite bromas ni planteamientos frívolos", ha argumentado, para reivindicar una "reflexión" a nivel global sobre la sequía y el modelo productivo para aumentar la seguridad hídrica.

Delacámara, coordinador de Economía de Imdea Agua, ha explicado que uno de los problemas asociados a la sequía es el aumento de la presiones sobre el recurso: la demanda de servicios de agua ha aumentado un 52 % entre 1970 y 2012 y, en algunas cuencas, es ahora mayor que los recursos disponibles a largo plazo.

"Siempre que aparece una sequía con la intensidad de la actual hay que analizarla desde la perspectiva del crecimiento de las presiones sobre el agua, y es aquí donde irrumpe el modelo de desarrollo productivo".

Asimismo ha alertado de que en España el agua se gestiona con frecuencia a "golpe de decreto ley" y ha matizado que nos especializamos en la gestión de crisis en lugar de encarar la gestión de riesgos.

"Faltan políticas preventivas capaces de gestionar el riesgo de sequía y anticiparse a ellas y completar, además, las inversiones en obras públicas con infraestructuras verdes que tienen menos impacto medioambiental y generan beneficios adicionales".

Siempre que hay una crisis de agua hay una crisis de gobernanza, que implica a la Administración del Estado a través de diferentes ministerios, a las confederaciones hidrográficas, gobiernos regionales y municipios, pero también es un fallo de los agentes privados y de la sociedad civil. No se trata de "apuntar con el dedo" sino de cooperar todos para resolver esas crisis de gobernanza", ha añadido.

Respecto al uso de fuentes alternativas como las desaladoras para mitigar la sequía, ha explicado que si el agua desalada le cuesta al agricultor un euro el metro cúbico y la puede sacar, a veces de manera ilegal, del acuífero a un precio entre 15 y 25 céntimos, ¿qué va a hacer el regante?. "España es experta en construir obra pública, pero no en generar los incentivos necesarios para operarla", ha concluido.