La delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha decidido que el crimen del menor de 11 años hallado muerto en un monte coruñés a manos presuntamente de su padre pase a ser considerado un caso de violencia de género, informan a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia.
Entre las funciones de este departamento figuran proponer la política del Ejecutivo contra las distintas formas de violencia de género e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia.
El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, explicó en la mañana del miércoles que estaba en estudio la consideración de este crimen como un caso de violencia de género, determinación que ya se ha adoptado, y ha subrayado que la legislación protege a menores y víctimas.
Por ello, interpelado sobre la necesidad de modificar la ley para que los menores estén protegidos, ha indicado que "hay una serie de actuaciones previas en las que las autoridades policiales y gubernativas tienen unas medidas a tomar".
No obstante, ha reconocido que "cuando se culmina un hecho con la muerte de un niño de 11 años algo falla ahí, todos fallamos", ha lamentado Villanueva, quien ha instado a "meditar sobre ello" y a que quienes puedan pongan los medios para evitar estos casos.
Por su parte, la Xunta ha presentado una propuesta ante el Senado para que se revise la legislación sobre custodia para "casos de maltratadores o de padres condenados por violencia de género".
La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido en el caso de A Coruña y por el momento el padre del pequeño está arrestado en la comisaría de Lonzas a la espera de pasar a disposición judicial.
La madre del niño presentó dos denuncias contra su expareja y padre del menor, la primera en 2008 que finalizó con una sentencia condenatoria por un delito de coacciones. La condena impuso una orden de alejamiento de tres años, que cumplió de 2010 a 2013.
La segunda denuncia se interpuso en 2013 por amenazas a través de las redes sociales, pero fue sobreseída al no ser posible acreditar quién fue el autor de los hechos denunciados.
