La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha alertado de que las llamadas efectuadas al 016 no quedan reflejadas en la factura telefónica, pero sí quedan grabadas en los registros de los terminales fijos o móviles desde los que se establece la comunicación.

En su Informe Anual 2016, el Defensor del Pueblo ha destacado que esta situación "puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda", puesto que su agresor puede percatarse de la realización de la llamada si el número utilizado no desaparece de la lista del registro del teléfono. Especialmente, por el carácter "controlador" de los maltratadores, resalta esta institución.

Además, argumenta que "las mujeres jóvenes están familiarizadas con el uso de las nuevas tecnologías y tienen conocimiento técnico suficiente para borrar o eliminar estas llamadas del registro del terminal", pero no es el caso de las mujeres mayores.

No obstante, en el protocolo de atención de llamadas del servicio 016 está previsto que al finalizar la conversación los operadores del servicio adviertan a los usuarios sobre la importancia de eliminar manualmente el 016 del registro de su teléfono.

El Defensor explica que inició actuaciones con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

Se recordó entonces que las llamadas al 016 son gratuitas para el usuario y no quedan reflejadas en la factura telefónica.

Sin embargo, la eliminación automática de los registros de las llamadas al 016 en los terminales fijos o móviles por parte de los operadores prestadores del servicio telefónico "no es técnicamente posible".

El borrado de las llamadas en los teléfonos debe hacerlo el usuario en sus terminales -recuerda el Defensor- de forma manual, aunque también se pueden encontrar aplicaciones gratuitas para ese borrado automático.

Becerril ha recordado asimismo que las llamadas efectuadas tanto al 016 como a cualquier otro número, como a servicios telefónicos especializados análogos provistos por las comunidades y a los números de emergencia e información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quedan grabadas si no se procede a su borrado manual.

Desde el departamento de Servicios Sociales e Igualdad se ha remitido una carta al de Telecomunicaciones aconsejando que "sería conveniente" que los suministradores de terminales telefónicos móviles o fijos pudieran eliminar de manera automática el número 016 del listado de llamadas realizadas.

La respuesta ha sido que "de momento no es posible técnicamente" y solo se puede hacer desde cada terminal.

Por otra parte, Becerril ha detectado problemas técnicos en las pulseras telemáticas de seguimiento de los maltratadores con órdenes de alejamiento, al detectar varias incidencias en este sentido lo que provocaba "desasosiego" entre las víctimas, entre ellas el caso de una mujer cuya expareja había sido condenado por intento de homicidio.

Se ha instado a la mejora técnica de este sistema para dotarle de mayor seguridad y eficacia en "beneficio y tranquilidad" de las usuarias.

El informe sugiere además que los Juzgados de Violencia contra la Mujer habiliten una sala de espera para las víctimas donde puedan estar hasta el momento de entrar a declarar, sin tener contacto visual ni verbal con su agresor.

Por otra parte, Becerril señala que en 2016 continuaron las actuaciones sobre la falta de dotación presupuestaria específica para financiar las medidas previstas para el programa de inserción sociolaboral de mujeres víctima de violencia de género.

Asimismo, la defensora destaca en su documento varias actuaciones de oficio para la prevención de los actos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos posibles.

Por ejemplo, la llevada a cabo ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para conocer el resultado de las acciones en prevención y erradicación de los contenidos en los portales de internet.

En concreto, se trasladó el contenido de la web "Dominación machista", en el que se expresaba la superioridad del hombre sobre la mujer y se compartían prácticas denigrantes, que fue remitida a la Fiscalía General del Estado por si se apreciara la existencia de indicios de conducta delictiva.