España deberá reducir a menos de cinco millones el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2030 para poder cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible que se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas, del 25 al 27 de septiembre.

La universalidad de la agenda obliga a España a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque el punto de partida "no es muy alentador", dado que, en 2014, el 29,2 por ciento de la población estaba en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ella, un 35,8 por ciento eran menores de edad.

Así lo ha puesto de manifiesto Oxfam Intermón que, con el apoyo de Unicef Comité Español, ha presentado el informe "España frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible" para proponer a los partidos políticos una serie de medidas para hacer efectiva la puesta en marcha de la Agenda 2030.

Esta Agenda establece un programa de acción que, por primera vez, compromete a todos los países del mundo a cumplir unas metas durante los próximos quince años.

Ambas organizaciones han planteado a las fuerzas políticas medidas como el establecimiento de un sistema de garantías de unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas de las personas que lo necesiten, junto a políticas fiscales, salariales y de protección social.

Oxfam Intermón y Unicef han destacado que las políticas de austeridad en salud y educación han tenido un impacto negativo en los grupos más vulnerables, la brecha salarial de género es de las mayores de la Unión Europea, la implementación del protocolo de Kioto ha tenido un "débil" recorrido y España está a la cola en Ayuda Oficial al Desarrollo.

La Agenda 2030 plantea por primera vez un objetivo de reducción de la desigualdad que todos los países deben alcanzar y que supone que para el año 2030 España debe conseguir que el 40 por ciento de la población más pobre tenga más riqueza que el 10 por ciento de la población más rica.

Para ello, las dos organizaciones han defendido la adopción de medidas fiscales progresivas, en las que paguen más los ricos y las grandes empresas, junto a medidas salariales para reducir la brecha salarial entre los salarios más altos, los medios y los bajos.

España también debe asegurar que los países en desarrollo cuentan con los recursos para cumplir con la Agenda, por lo que uno de los objetivos establece la necesidad de incrementar la ayuda al desarrollo al 0,7 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB).

Otros objetivos que tienen que cumplir los países hasta 2030 son garantizar una educación inclusiva, lograr la igualdad de género o luchar contra el cambio climático.

Para alcanzar estas metas, las dos organizaciones instan a los partidos a alcanzar un acuerdo social por la educación pública, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, promover medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y aumentar la inversión en energías renovables.

El director de Oxfam Intermón, José María Vera, ha subrayado que "el nuevo Gobierno que salga de las urnas al final de este año deberá definir una hoja de ruta referida a la Agenda 2030, con una concreción de los compromisos para la legislatura".

El director de Unicef Comité Español, Javier Martos, ha planteado un Pacto de Estado por la infancia que incluya un aumento del gasto social, las ayudas universales por hijo o la mejora de los servicios públicos, en especial, para la infancia más vulnerable.

Martos ha reclamado además un aumento de la inversión pública en España para la protección de las familias y la infancia, que actualmente es del 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), para aproximarla a la media de la Unión Europea (UE), situada en el 2,2 por ciento, en el año 2020.