Habrá educación sexual en los colegios, en todos los niveles educativos. Este es uno de los acuerdos al que han llegado los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV, que han resuelto que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice educación sexual en las aulas. Otro de los acuerdos es que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.

Estos grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como el cirujano y el enfermero.

Los profesionales de la salud tendrán que presentarla por escrito y de manera individual. Los defensores de la nueva norma quieren garantizar de esa forma que los centros públicos dejen de practicar abortos por "objeciones colectivas" de los hospitales, y han acordado que la norma garantice que las mujeres puedan abortar en el territorio en el que residan.

Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC), que en todo momento se han referido al aborto como un "derecho" de la mujer. Otros acuerdos implican que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado y eliminar uno de los dos informes que se debían realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación. "Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", han explicado.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto.

Llamazares y Tardà han asegurado que el hecho de introducir la educación sexual en los programas escolares busca prevenir los embarazos no deseados.

Del mismo modo, han indicado que los estudiantes de Medicina y Enfermería se formarán, con carácter curricular, en salud sexual y reproductiva y "en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo".

Se reconoce la objeción de conciencia

Estos grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero.

La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos, han explicado. Del mismo modo, estos partidos han pactado que la nueva ley garantizará que a las mujeres que lo deseen se les practique un aborto en el territorio en el que residan.

Anticoncpetivos de última generación

Ambos grupos han acordado además que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado. El Gobierno decidirá qué anticonceptivos financia al 40 por ciento y cuáles al cien por cien.

Los parlamentarios se están planteando la posibilidad de que jóvenes y mujeres con pocos recursos puedan acceder a ellos gratuitamente. ERC e IU estiman que esta medida tendrá un coste de unos 100 millones de euros al año.

Se informará a los padres

Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación, de modo que será suficiente con el informe de un especialista.

"Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante", han explicado. En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 ó 25 años".

Los dos diputados hablaron en todo momento del "derecho de la mujer a interrumpir su embarazo", aunque admitieron que el proyecto de ley no habla de que el aborto sea un derecho. Tampoco han conseguido que se eliminen las consecuencias penales de abortar.

Los representantes de ambas formaciones se han mostrado satisfechos por los logros alcanzados, aunque han señalado que aún quedan "flecos" pendientes en la nueva ley "que se pueden negociar". El proyecto de ley será debatido el jueves 10 en la Comisión de Igualdad del Congreso y votada en el Pleno de la Cámara del próximo día 17, última sesión ordinaria antes de las fiestas de Navidad, para que esté en el Senado desde el inicio del próximo periodo de sesiones.