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En cuanto a que más de 50 por ciento de las prestaciones a los dependientes se trata de ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar, el secretario general de Política Social justificó que, aunque la ley lo contempla como una excepción, son los propios ciudadanos los que solicitan que se les atienda en casa, puesto que se trata de "una tendencia natural que tiene que ver con componentes culturales y sociales y con la forma de familia que hay en España".
Sobre las quejas de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que sostiene que desde la puesta en marcha de la ley se han cerrado más de mil centros debido a que la mayoría de las ayudas son para cuidados informales, Moza dijo que si bien "hay que contemplar cada caso", a su juicio, "la Ley de Dependencia está generando muchísimas plazas residenciales".
Así, explicó que el fondo extraordinario de 400 millones, que se sumaron a los 1.550 para ejercicio 2009, han sido "absolutamente necesarios" para que las comunidades autónomas lo invirtieran en la creación de plazas residenciales. Asimismo, apuntó que los 17 millones acordados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para incentivar estos servicios con capital privado, han supuesto una demanda por parte de las comunidades autónomas "cinco veces superior" a la esperada.
