Ante una huelga de jueces convocada por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es mayoritaria de los aproximadamente 4.200 jueces españoles, unos 1.200 pertenecen a la misma (la asociación centrista Francisco de Vitoria y la progresista Jueces para la Democracia se han desmarcado de la huelga), el presidente del TSJ de Andalucía, Méndez de Lugo, ha dicho que si en principio la huelga pudiera estar justificada, sin embargo, los jueces no son funcionarios, son parte de un poder estatal y por lo tanto no tienen derecho a la huelga. Otros juristas pensamos que los jueces sí que tienen este derecho, con las debidas limitaciones para no causar daños al servicio público de la Administración de Justicia, pero que en el caso presente está completamente injustificada. Ahora que precisamente existe un plan de modernización de la justicia, dice la APM que el ofrecimiento del Gobierno, que incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años, "puede parecer en principio positivo", aunque "no es sino un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo". En alguna junta de jueces se acuerda acudir a la huelga, pues para estos jueces huelguistas el anunciado Plan de Modernización de la Justicia no hace más que "vender humo y confundir a la opinión pública. Las medidas son vagas, ambiguas e insuficientes, no van acompañadas de una concreta dotación presupuestaria y no se fija un calendario real con fechas de las distintas actuaciones que se proponen". Con estas declaraciones se manifiesta la intención meramente política de esta huelga. Siendo además falsos estos argumentos. Veamos:
En este año de profunda crisis económica el presupuesto para Justicia ha sido incrementado en un 11%, del crecimiento absoluto de 218 millones, unos 204 van destinados exclusivamente a financiar el sistema financiero de la modernización de la justicia, y con ello este año se van a crear 150 plazas de jueces y 100 de fiscales, y para 2010 se crearán 250 plazas de jueces, 150 de fiscales y 260 de secretarios judiciales. En tres años se crearán 750 nuevas plazas de jueces, 450 nuevas plazas de fiscales y 800 plazas de secretarios judiciales. Se acuerda, además, un crédito superior a los 200 millones para la modernización tecnológica y de comunicaciones, para formar una red informática nacional homologada para todos los juzgados, lo que supone un incremento del 102% en estas inversiones.
Aparte está ya aprobado un proyecto de la nueva oficina judicial y reformas procesales y un proyecto de ley orgánica que recoge la mayoría de las reivindicaciones de las asociaciones. ¿Qué más quieren los jueces como profesionales? Todos sabemos las insuficiencias en personal y medios de la justicia, el cúmulo de trabajo con el consiguiente retraso de los asuntos. Pero ahora que se va a hacer la mayor inversión en la justicia de la democracia, ahora, precisamente, salen los jueces conservadores con una huelga que debe ser el último extremo de presión profesional sobre el Ejecutivo.
Estoy de acuerdo con el ministro en que no hay "razones" que justifiquen un paro de jueces en octubre. "Quienes lo convoquen tendrán que explicarlo a los españoles". Caamaño incidió en el "gran esfuerzo" y el "diálogo" del Ministerio para llegar a acuerdos con las asociaciones judiciales y los colectivos implicados en esta Administración. Termino: la impopularidad de esta huelga sin ninguna legitimación y el correspondiente desprestigio están garantizados.
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